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Los condenaron a pagarles 138 millones de pesos a los acreedores
A veinte años de decretarse la intervención y disponerse la declaración de quiebra del Banco Crédito Provincial, la Justicia acaba de condenar a los ex directivos Francisco y Pablo Trusso y al Banco Central a pagar la friolera de 138 millones de pesos más intereses a los acreedores de la desaparecida entidad crediticia platense.
Así lo dispuso el juez a cargo de la quiebra, Nicolás Negri, quien ordenó que los intereses se calculen desde el 29 de diciembre de 1997 cuando se resolvió la quiebra del BCP.
La condena resarcitoria en favor de los acreedores del Banco Crédito Provincial, se dictó en el marco de un juicio promovido por la sindicatura colegiada actuante integrada por los contadores Carlos Hernández, Patricia Grassi y Sergio Aude con el patrocinio de los abogados Jorge Seisdedos y Pablo Alconada Magliano.
La demanda involucra a los hermanos Trusso y al Banco Central quienes, “en la órbita de su propia actuación y responsabilidad, trasponiendo los límites lícitos, fueron partícipes en su accionar u omisión en el deterioro de la situación patrimonial e insolvencia del BCP hasta decretarse su quiebra”. Además, se cuestiona el hecho de que “demoraron su oportuno pedido de quiebra e impidieron la realización de activos y venta de la empresa en marcha en perjuicio de la masa de acreedores” cuya reparación integral ahora se reclama.
Cabe recordar que Francisco y Pablo Trusso fueron condenados como autores responsables de los delitos de administración fraudulenta y estafa continuada. Luego de cumplir una breve condena ambos quedaron en libertad. En este nuevo proceso civil, los Trusso fueron declarados en rebeldía ya que nunca pudieron ser localizados durante el juicio.
De la pericia contable realizada surge que el BCP se encontraba al 31 de marzo de 1997 sin capital y era una entidad en total bancarrota. Pese a ello, el pedido de quiebra fue tardíamente solicitado por el Banco Central en el mes de diciembre de ese año.
“Los expertos estimaron que el manejo de la entidad era nefasto, siendo los directivos-accionistas como los gerentes, partícipes principales de las maniobras dolosas cometidas en el banco, las que no fueron advertidas ni por la auditoria externa ni por la inspección del Central”, dijeron allegados a la causa.
Y añadieron: “Desde el año 1993 se venían efectuando maniobras irregulares en el BCP y recién en junio de 1997 la inspección del BCRA. pudo advertir algunas de las maniobras delictivas”.
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