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Si bien se bancarizó desde hace un año, no se hizo en su totalidad. Cuestionan manejo de los fondos
El Auditor General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, saliendo anoche de la comisaría Primera, después de secuestrar el dinero hallado en la caja fuerte - pablo busti
Las dependencias policiales más importantes de La Plata fueron escenarios de grandes escándalos en poco más de un año, a causa del hallazgo de dinero en efectivo por sumas importantes y difíciles de explicar. Primero fueron los sobres con dinero en la Jefatura Departamental y, ahora, los casi 800 mil pesos encontrados en la caja fuerte de la comisaría Primera, de cuya jurisdicción dependen, entre otras cosas, los edificios clave del poder político provincial.
Sin embargo, el problema sería general. Fuentes oficiales confirmaron que por “desmanejos e irregularidades” casi idénticos a los detectados en la Primera están bajo sospecha seccionales de las localidades de General Rodríguez, San Martín y Lomas de Zamora.
En el caso de La Plata, el argumento de que el dinero hallado en la caja fuerte era para pagar servicios adicionales (Polad) no convenció al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien el martes descabezó a la cúpula de esa seccional y desafectó a siete policías.
Es que se encontraron fajos retirados en julio y agosto, además de planillas con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que declararon no haber cobrado o haberlo hecho por mucho menos que lo que figuraba en los papeles. El juez Guillermo Atencio ordenó ayer que el dinero que estaba en la comisaría fuera trasladado a la Administración de horas Polad del ministerio de Seguridad, designando depositario de los fondos a la Auditoría General de Asuntos Internos (AI), para “no entorpecer el pago de de los servicios”, dijeron.
Así, los 67 agentes de la Primera que cumplieron esos adicionales podrán cobrar los mismos en las oficinas del ministerio, bajo el control de AI, que, también desde hoy, comenzará a delinear con el nuevo titular de la comisaría intervenida, Javier Martínez, el sistema de cancelación y regulación de Polad en esa dependencia.
El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Martini, también considera que lo sucedido en la seccional 53, 9 y 10 “es un claro caso de corrupción”.
Distintos voceros coinciden en que el problema, o la “trampa”, está en la modalidad de recaudación y pago, ya que una parte de las Polad no se deposita en la cuenta sueldo del policía que las hace sino en la de la comisaría, que lo paga “en mano”.
“Generalmente, donde hay dinero hay corrupción y lo manejan 4 o 5 personas”, apuntó Martini.
El foco, de nuevo, está en el control de la plata en manos de policías. Se sabe que los de comando cumplen 48 horas semanales y los administrativos, 30. Todos los servicios que hagan fuera de su horario se pagan por horas Cores (extras) o servicio Polad. El de “Cores” es un régimen bastante transparente, ya que cada a cada agente se le acredita en su cuenta sueldo el total de las que realizó. Cada comisaría tiene un monto asignado de Cores, aunque el modo en que las distribuye el titular es tan arbitrario como en cualquier dependencia pública.
Lo que siempre generó dudas fue el manejo de los adicionales reglamentados por Polad, que son servicios de seguridad que contratan los ministerios, bancos, oficinas, empresas y comercios, a través de la comisaría jurisdiccional. Por el lugar en el que está, la Primera concentra la mayor cantidad de objetivos: más de 90, lo que representa unos 100 millones de pesos mensuales.
Hasta el año pasado esas sumas se depositaban en la cuenta de cada seccional, modalidad que cambió cuando la Superintendencia de Administración Financiera quedó en manos de un civil y “se comenzó a trabajar con la bancarización de los servicios Polad en las comisarías de toda la Provincia”, dijeron desde Asuntos Internos. Sin embargo, alrededor de un 10 % de los servicios aún no fueron bancarizados.
¿Qué pasa en la Primera? Todavía hay 24 servicios que se depositan en la cuenta de la comisaría, según documentación a la que accedió este diario.
La versión policial es que, después de pagar algunos adicionales, de los casi 800 mil pesos detectados por Asuntos Internos “quedaron en la caja fuerte 565.566 pesos, para cancelar servicios en la VTV (meses de junio y julio) ; antena y Radio Provincia (julio); Nodo/Noc (abril, mayo y junio); Jefatura de Gabinete (mayo) e IPAP (junio), por un total de 578.636”, y agregaron que en la cuenta corriente hay otros “32.076 lo que suma 598.641, con una diferencia a favor de 19.995”.
Pero lo que cuestionan las autoridades del ministerio y la justicia no son los montos, sino cómo y a quiénes se pagaron, ya que en el procedimiento que hicieron el 1 de septiembre en la seccional encontraron planillas con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que ni siquiera pertenecerían a la fuerza.
“Aunque cierren todos los números, esas irregularidades son graves y el sumario será entregado hoy ante el fiscal Martini”, dijo el Auditor General de Asuntos Internos, Guillermo Berra.
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