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El juez dispuso que la fiscal que instruyó el caso Masana avance con el expediente por los 800 mil pesos
El hallazgo de 800 mil pesos y planillas de horas Polad con distintas irregularidades en la comisaría Primera trajo enseguida a la memoria el caso de Patricio Masana, el llamado “suboficial millonario” que se encargaba de administrar parte de los adicionales en esa seccional cuando lo detuvieron acusado de participar en el asalto a la familia del intendente Julio Garro.
El juez Guillermo Atencio también advirtió los puntos de coincidencia entre estos episodios y ayer dispuso que se unificaran ambas causas, bajo la instrucción de la fiscal que estaba a cargo de la de Masana, Virginia Bravo.
Hasta ahora, quien investigaba las supuestas irregularidades en la comisaría del Centro era Marcelo Martini, el mismo que impulsó la investigación que terminó con ocho ex jefes policiales presos por los 36 sobres con dinero en la Departamental La Plata.
Fuentes judiciales aclararon que la resolución de Atencio “todavía no está firme”.
La causa que absorbería a la más reciente se abrió el 10 de marzo del año pasado, con el hallazgo en el domicilio de Masana de “documentación vinculada al Servicio de Policía Adicional administrado por la comisaría Primera de La Plata, en el marco de la diligencia de registro” dispuesta por el robo en la vivienda de Garro, citó Atencio.
En aquel allanamiento de marzo de 2016 no sólo secuestraron una pistola, drogas sintéticas, casi 90 mil pesos y 10.500 dólares, sino también expedientes administrativos y planillas de horas Polad. Luego se supo que este suboficial “bancaba” con un sueldo de poco más de 14 mil pesos un alquiler de 40 mil en el country Grand Bell, expensas por otros 7.000 y un estilo de vida ciertamente holgado, y que oficiaba de administrador en la Primera, con amplias facultades para percibir las partidas derivadas de los adicionales, varias de ellas provenientes de la Torre Administrativa 2. Las sumas eran (y son) millonarias.
El escándalo desplazó a quienes por entonces eran el jefe y el subjefe de la Primera, Marcelo Cifuentes y Carlos Arias, pero también puso bajo la lupa de la Auditoría General de Asuntos Internos (AI) a todo el sistema de administración, distribución y pago de Polad.
Por caso, a causa de “desmanejos e irregularidades” casi idénticos a los detectados en la Primera están bajo sospecha seccionales de las localidades de General Rodríguez, San Martín y Lomas de Zamora.
La seccional de 53 entre 9 y 10, que recauda alrededor 100 millones de pesos mensuales por estos servicios, fue registrada el 1 de septiembre por auditores de Asuntos Internos que encontraron casi 800 mil pesos en una caja fuerte y planillas con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que ni siquiera pertenecerían a la fuerza.
El argumento de que la plata era para pagar adicionales atrasados no convenció al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien descabezó a la cúpula de esa seccional y desafectó a siete policías, entre ellos al comisario Pablo Orgoñez.
Atencio dispuso el miércoles que el dinero fuera secuestrado y trasladado a oficinas del ministerio de Seguridad, con AI como garante, y su Auditor General, Guillermo Berra, encabezó ese procedimiento en persona para “no entorpecer el pago de los servicios realizados”, explicó después. En lugar de Orgoñez asumió como interventor de la dependencia el comisario inspector Javier Martínez.
Los responsables de Seguridad están convencidos de que el problema del sistema radica en su modalidad de pago, que avanza desde el año pasado hacia el depósito en las cuentas sueldo de los policías que realizan las Polad, para evitar corrupción y atrasos en el cobro de las mismas.
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