Deben investigar en forma urgente las amenazas contra el Presidente y la Gobernadora

Las amenazas de muerte contra el presidente de la República y la gobernadora de Buenos Aires, contenidas en un escrito dejado en un local de Cambiemos en La Matanza, merecen no sólo el más amplio de los repudios por parte de todos los sectores políticos y de la sociedad, sino la más rápida y eficaz de las investigaciones por parte de los organismos responsables.

“Están todos muertos... En la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPD MEV MM”, decía el escrito, en referencia a las iniciales de Vidal y Macri. Sería un grave error de apreciación restarle seriedad a las amenazas lanzadas o, también, mostrar indiferencia.

Tal como se informó, el incidente ocurrió luego de que días atrás el gobierno nacional, en conjunto con el bonaerense, decidieron reforzar la seguridad en organismos públicos y cárceles, con motivo de la escalada de incidentes y protestas.

Como se sabe, el lunes pasado quedó radicada una denuncia en la subcomisaría de Aldo Bonzi, donde un colaborador de un local partidario declaró haber hallado un sobre negro en el piso. Según las fuentes, al abrirlo contenía “una hoja en blanco tipo oficio inscripción y cinta aisladora negra”, con la leyenda arriba indicada.

Por encima de toda otra consideración, corresponde no sólo reaccionar vivamente frente a estos inadmisibles episodios, sino, a la vez, dejar en las generaciones más jóvenes -que no vivieron una etapa ciertamente funesta para nuestro país- un claro testimonio acerca del rechazo que merecen estas metodologías.

Si bien es verdad que el país vive desde 1983, afortunadamente, en un sistema democrático y republicano, también es cierto que aparecen, en forma intermitente y aislada, episodios que sólo pueden inscribirse en los capítulos más regresivos de nuestra historia.

Así, en los últimos años se han conocido y generado lógica alarma amenazas de distinta índole -como las que se registraron contra jueces y fiscales de algunas causas resonantes- que deben ser firmemente repudiadas e investigadas. En todos esos casos, que correspondieron a las distintas administraciones, desde esta columna se repudiaron todas y cada una de las amenazas proferidas.

Está claro que quienes concretan, desde la cobardía y el anonimato, amenazas de esta índole persiguen el obvio propósito de sembrar inquietud y de ayudar a crear un clima de zozobra y de temor. Apelan, en general, a metodologías que hacen difícil su esclarecimiento. Sin embargo, deben agotarse las posibilidades parar tratar de individualizar a sus autores. El Estado no sólo tiene la obligación de investigar sino además de garantizar la integridad y tranquilidad de las personas amenazadas.

Mientras tanto, estos actos merecen el más enérgico repudio de toda la sociedad. El país vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas anteriores y resulta primordial que desde todos los sectores se alcen voces para condenar el accionar de quienes buscan por esta vía atentar contra pautas básicas de convivencia civilizada.

Demasiados crímenes y abusos causó el autoritarismo -así como fueron muchos los sacrificios que se realizaron para instaurar la democracia- como para permitir que los personeros de un horror que avergüenza a nuestra historia intenten que el país retorne a ese pasado.