Revocan privilegios de tránsito a los funcionarios

El Gobierno resolvió modificar ayer por decreto la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito para dejar sin efecto los privilegios que regían para circular y estacionar para los funcionarios públicos.

La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, forma parte del paquete de reformas para la simplificación de trámites que impulsa el presidente Mauricio Macri.

En el nuevo texto, los funcionarios públicos perdieron sus privilegios de tránsito, aunque se mantienen los beneficios para “jueces y funcionarios judiciales” que deban hacerlo en alguna actividad relacionada a su función laboral.

El decreto, que modifica el artículo 63 de la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito, reglamentada en 1995, mantiene la excepción a la norma general para funcionarios policiales, de seguridad y fiscalías, al igual que médicos y prestadores de servicios asistenciales que “deban concurrir de urgencia a domicilios”.

Del mismo modo, la norma extiende el beneficio a “sacerdotes” y a “periodistas” que cumplan “servicios de exteriores con la identificación visible del medio periodístico” para el que trabajan.

En el nuevo texto de la reglamentación ya no queda mención alguna sobre los “funcionarios superiores del Gobierno, sean nacionales, provinciales o municipales”, que contaban con dichos “privilegios o excepciones” a las reglas generales para “el exclusivo ejercicio de su función”.

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Se aplicará en todas las provincias que adhieran a la norma nacional.

El Gobierno lanzó un plan para reducir la burocracia en el Estado y permitir nuevas prácticas para reducir costos y ganar competitividad en sectores como instalación de empresas en el país, finanzas, transporte o cultura, que con unas 170 medidas que comprenden la gestión de ocho ministerios.

Otros alcances

La desburocratización alcanzará también al Ejército, que dejará de administrar campos y ganados como estipulaba una ley de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte de esa fuerza, bajo el argumento de que pudiera existir un esquema de autoabastecimiento en caso de guerra. Esos campos, los inmuebles y las cabezas de ganado pasarán a la tutela de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En cuanto a las licitaciones de obras públicas, con el objetivo de agilizarlas, la norma estipula que los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios en los que se desarrollarán las iniciativas. También se reducirán de diez a cinco los días los plazos de anticipación para publicar licitaciones por un monto de hasta 100 millones de pesos.

En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las ANSeS, el DNU prevé que la dependencia pueda crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos “apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas”, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado.