Imbatible, la Zona Roja resiste a las detenciones, ya es tierra narco y suma presencia trans extranjera

De las prostitutas a las travestis y de la oferta del sexo a la droga. La Zona Roja lleva una historia de décadas en la zona este del casco urbano con sus formas y una evolución incombustible a las leyes que penan el negocio de la prostitución y el narcotráfico, esta última la actividad que se ha transformado en el móvil más claro de su persistencia en estos días, según coinciden en la Policía, la Justicia y el vecindario afectado por los clásicos disturbios nocturnos.

El ángulo de la Ciudad que forman la avenida 1 y la diagonal 73 con el vértice puesto en la Plaza Matheu (1 y 66), fue escenario en 2017 de más de medio centenar de procedimientos en los que se unieron la Policía Local, la comisaría novena y Justicia Provincial con la ayudantía fiscal especializada en tráfico de estupefacientes. Según un informe producido en la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, la tarea, en medio de una fuerte presión vecinal, dejó como saldo la detención de 70 personas a las que se acusa de vender drogas, cocaína en la gran mayoría de los casos. En esos procedimientos se decomisaron decenas de bolsitas y envoltorios que, en total, sumaron 1.063 kilogramos de esa sustancia. En presentaciones similares, usualmente dedicadas a la venta callejera o narcomenudeo, también se secuestró en total de medio kilo de marihuana.

Los funcionarios consultados en la Policía y la Justicia coincidieron en señalar que estos datos son indicativos de una política dedicada a erradicar el enclave que enloquece a los vecinos y genera inquietud por la colección de delitos, entre ellos la explotación asociada a la prostitución, de menores inclusive, y los apremios policiales que denuncian desde organizaciones que integran a la comunidad trans en la región. A juzgar por el paisaje nocturno de los últimos días, la ofensiva todavía está en proceso y el negocio asociado a los delitos persiste. “En una noche la Policía detiene a 4 o 5 y a la noche siguiente ahí mismo tenés a 6 o 7. Esto es una guerra sin cuartel”, dijo Daniel Domínguez referente de la asamblea vecinal del barrio El Mondongo, un espacio que viene reclamando soluciones con respecto a la Zona Roja y la incidencia de delitos contra la propiedad en el cuadrante que da hacia 122 entre 1 y 72. El cuadro en el barrio no es nuevo, según Domínguez: “Hace más de 50 años existe la Zona Roja. Antes era femenina y al pasarse a los departamentos privados aparecieron las travestis, a quienes desde hace 7 u 8 años empezaron a usarlas para la venta de droga”.

El informe oficial indica que cuando se menciona a “4 o 5” personas detenidas se habla de travestis. La gran mayoría de las 70 detenciones del año por infracciones a la ley que penaliza el tráfico de drogas corresponden a trans que pasan las noches en la Zona Roja. Según aclaró un Policía a cargo de estos procedimientos, “todas son travestis extranjeras y casi exclusivamente de Perú y Ecuador”. Aunque también hay trans que llegaron de Bolivia y Paraguay.

Desde la Municipalidad de La Plata se sostuvo que hay avances hacia la erradicación de la Zona. Mostraron que un relevamiento de travestis que se mueven a diario, realizado por la comisaría novena, indica que la presencia cayó de 93 de principios de año a los 36 en estos días. Darío Ganduglia, secretario de Seguridad del Municipio, contó que “ya se intervino con obras como la iluminación y colocación de cámaras y se redujo sensiblemente la cantidad de personas que se dedican al narcomenudeo”. El funcionario sostuvo que los delitos relevados indican que “el 90 por ciento tiene que ver con la droga y el 10 por ciento con la prostitución”. Por eso, indicó, “se trabaja mucho en la parte judicial con la fiscalía de estupefacientes con respecto a la producción de la prueba. También se trabaja en la identificación de los vehículos de las personas que consumen drogas. Se interceptó gente de capital federal y localidades vecinas. Así pudimos desbaratar varias bandas”. El funcionario apuntó que “noche tras noche vamos armando operativos con tareas de inteligencia previa. Incluso, con apoyo de los vecinos”. Así, la Comuna ya presentó a la Justicia una decena de denuncias sobre puntos de venta.

la desaparición de johana

También se sumó información a esta línea desde la investigación por la desaparición de Johana Ramallo el pasado 26 de julio. La joven de 23 años fue vista por última vez en uno de los puntos calientes de la Zona, 1 entre 63 y 64. En declaraciones de testigos e investigados se obtuvieron datos sobre puntos de venta que ya están en manos de los investigadores de la Ayudantía Fiscal especializada en drogas, a cargo de Marcos Vogliolo y Brenda Ponce.

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Ganduglia informó que en la Zona Roja también detectaron corrupción y prostitución de menores. “En procedimientos, junto con la Justicia de menores, Migraciones, la Policía Federal, el área de Inteligencia policial y las fiscalías se hicieron allanamientos a hoteles y pensiones. Hemos encontrado menores trabajando en la Zona Roja”, indicó.

TARAPOTO, GUAYAQUIL

“Tarapoto, Tarapoto, Tarapoto, Guayaquil, Guayaquil. Es notable la prevelencia de ciudades de Perú y Ecuador cuando tomamos declaración a las detenidas y también lo es el hecho de que aún cuando las personas pueden quedar aprehendidas eso no impide que la Zona Roja siga funcionando, porque a la noche siguiente hay otras travestis”, indicó un funcionario de la Justicia platense dedicado a causas por drogas. La situación habilitó una nueva línea de investigación, referida a establecer si hay una red con capacidad de captación en otros países dedicada a abastecer una organización local que se dedica al narcomenudeo. “Tenemos todos en claro que la prostitución es una máscara que encubre el verdadero móvil, que es la venta de drogas”, aseguró la fuente.

En los operativos de 2017, se secuestró medio kilo de marihuana y 1 kilo de cocaína en total

Otrans: “Las travestis no somos traficantes, somos perjudicadas en toda esta situación”

Los especialistas en temas de tráfico en la Justicia Penal platense aseguraron estar concentrados en ir a fondo contra la venta de drogas en el área. Trabajan con la Policía y la Municipalidad ajustando los mecanismos para la obtención de evidencia, por ejemplo, con la filmación del “pasamanos” de la compra venta y los aportes de testigos y compradores. Es común que la droga, que llega en auto particular, taxi o remís desde capital federal o el Gran Buenos Aires, esté escondida entre la ropa, en huecos de árboles, bajo baldosas u otros sitios protegidos de la vista en la geografía urbana. “En estos días, por ejemplo, aprehendimos a una trans con 21 envoltorios de cocaína y en movimientos compatibles con narcomenudeo. Hoy pedimos la detención y no nos la dieron”, dijo el vocero consultado, quien pidió reserva de identidad. Fue un trago amargo para los investigadores. No obstante, la fuente aclaró que “en general notamos que hay acompañamiento de los jueces”.

Para Claudia Vázquez Haro, presidenta de Otrans, todo lo que rodea a la escena cotidiana en la Zona indica una trama de contradicciones. Los procedimientos y la preeminencia extranjera en las detenciones genera la reacción y las denuncias de organizaciones orientadas a la defensa de derechos del colectivo trans y travesti. “No hay -en la Zona Roja- narcotráfico como algo organizado. Hay perejiles y hay policías. Las pibas son los chivos expiatorios. Son descartables. Las meten presas y vienen otras”, dijo y definió la problemática como “un monstruo de mil cabezas”.

“LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE”

La dirigente de Otrans coincidió con otras fuentes en que la venta de droga empezó en los últimos años, por un carril independiente de la presencia de travestis. “Las drogas aparecen en 2012 y se consolidan en 2014. Trans siempre hubo en la zona. No es que vinieron porque había un mercado. Hay policías que las captan porque saben que son la población más vulnerable. Lo dicen las compañeras y así lo han denunciado en sus declaraciones judiciales. Por nuestra parte, también expresamos esto en una reunión que tuvimos con funcionarios de asuntos internos de la Policía”.

Concretamente, Vázquez Haro sostuvo que “las travestis no somos traficantes, somos las perjudicadas en toda esta situación. Hay chicas que denunciaron a policías por obligarlas a vender droga. Hay una policía corrupta y un poder judicial corrupto que son parte de esto”.

El seguimiento de la situación de las mujeres trans en la Argentina arrojó, según Vázquez Haro, que “La Plata es el distrito donde hay más detenidas”, dijo y denunció que “cuatro compañeras murieron en 2017 en condiciones de encierro, en medio de procesos judiciales en La Plata: el 1º de enero, el 13 de mayo, el 9 de septiembre y el 9 de diciembre. Todo esto se desarrolla con un discurso punitivista y con una justicia profundamente transfóbica. A mí casi me matan el 13 de mayo por denunciar la situación. Además, luego de que la Justicia anulara una razzia en la que detuvieron a 25 compañeras porque incluyó un procedimiento vejatorio, vinieron de la comisaría novena a amenazarme. Eso lo denuncié ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia”.

En Otrans rechazan la idea de que haya un vínculo entre la venta de drogas y la inmigración, en particular de travestis: “Migrantes hay porque Argentina es un país donde hay mayor acceso a derechos y eso es un atractivo para personas de otros países”, dijo Vázquez Haro. En particular, la ley de identidad de género y la tradicional apertura del país a la inmigración. En casos, la estadía se da en situaciones de irregularidad. Según se informó desde la Policía y la Justicia, en los operativos se detecta con frecuencia personas indocumentadas. Según se indicó desde la Comuna, los procesos judiciales por infracción a la ley 23.737 (“Tenencia y tráfico de estupefacientes”) podrían conducir al planteo de expulsión del país por aplicación del Decreto 70/2017, impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la deportación de extranjeros acusados de la comisión de delitos.

Uno de los aspectos menos conocidos de la problemática es el de la situación de las travestis detenidas: “Un 75 por ciento padece HIV o enfermedades crónicas. Hemos señalado eso, pero nos han denegado condiciones de morigeración. En cambio al tipo que entró en mi casa a matarme por nuestras denuncias se le dio la libertad condicional para que trate su adicción a las drogas en su casa”.