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Dos informes de organismos oficiales denunciaron las críticas condiciones de alojamiento en las cárceles bonaerenses, donde se registran situaciones de hacinamiento y torturas a internos por parte de personal del Servicio Penitenciario.
En el mes de septiembre, la Comisión Provincial por la Memoria denunció la “extensión” de la “práctica sistemática de la tortura” y situaciones de hacinamiento en los penales bonaerenses, a través de su informe anual 2017.
El documento lleva el título “El sistema de la crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires” y se realizó, dijeron de la Comisión por la Memoria “en un marco de consolidación de políticas criminales regresivas en materia de derechos humanos”.
“En la Provincia, desde el inicio de su gestión, el gobierno actual reconoció la crisis del sistema penal pero, más allá de las declaraciones públicas, la única respuesta fue sostener las emergencias en seguridad y penitenciaria que, lejos de ser una solución, han demostrado ser parte del problema”, dijeron desde la Comisión por la Memoria.
Según la Comisión, la Provincia de Buenos Aires presenta récord histórico de detenidos al pasar de 38.681 en diciembre de 2016 a 41.729. (37.208 en cárceles y alcaidías, 2.944 en comisarías y 1.575 en monitoreo electrónico) en julio de 2017.
En tanto, se denunció que en 2016 ocurrieron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o por acción de agentes de fuerzas de seguridad, de las cuales 156 fueron en cárceles, entre ellas 71% por desatención de problemas de salud.
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Según el informe, en 2017 “se profundizaron las políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos”. Además, se denuncia que la población carcelaria “es la más alta de los últimos 20 años y el sobre-encarcelamiento también alcanzó su máxima expresión en las comisarías”.
En ese sentido, el organismo consideró que “la falta de medidas estructurales tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría primera”.
En tanto, a mediados del año pasado, la Defensoría del Pueblo de la Provincia realizó un informe luego de inspeccionar cada una de las 54 unidades penitenciarias bonaerenses.
“Del trabajo surge claramente que el número de personas privadas de libertad en las dependencias del servicio penitenciario provincial, ha crecido de manera exponencial y las tasas de crecimiento que se proyectan conforme demuestran que esta situación empeorará aún mas”, dice el informe. “Si bien durante los últimos años se ha intentado incrementar las plazas de alojamiento ya sea a través de la construcción de alcaidías, casas por cárceles y reorganización del sistema carcelario, esto no ha resultado suficiente para combatir la superpoblación y los problemas que la misma acarrea”, agrega.
Y además, desde el organismo que conduce Guido Lorenzino aseguraron que “el hacinamiento que registran a la fecha las unidades carcelarias no solo es responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, sino también de los otros poderes del Estado”.
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