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Un verdadero escándalo estalló en la ciudad de Tapalqué, en el marco de una investigación por la presunta imposibilidad de contacto entre varios detenidos con sus defensores oficiales. Es que esas personas privadas de la libertad denunciaron la situación ante la Justicia, que decidió, como primera medida, comunicarse con la dependencia para pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Según fuentes del caso, ahí se produjo una situación más que llamativa, ya que, quien atendió ese llamado en la seccional, estaba preso.
Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3 de Azul, dio precisas instrucciones a sus dependientes para que se contactaran con la seccional.
La idea era conocer más a fondo los motivos relacionados con lo que los internos afirmaban. Y también brindarle los números para que los tengan agendados ante cualquier eventualidad. Pero el jueves 12 de octubre, quien levantó el tubo desde la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, era uno de los detenidos.
Por eso se inició una investigación penal, ante la sospecha de la posible comisión de un denominado “delito de acción pública”, según se desprende de las actuaciones.
Por si fuera poco, en la investigación figura que el preso que atendió el llamado está a disposición del Juzgado que ordenó determinar la veracidad de la denuncia.
Como se dijo, el insólito episodio por el que se investiga a funcionarios y personal de seguridad, sucedió el 12 de octubre pasado. Aquel día se efectuó una comunicación telefónica desde uno de los juzgados de Garantías con sede en los tribunales de Azul a la comisaría con asiento en Tapalqué y al llamado lo respondió un detenido.
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En el marco de la tramitación de la causa, efectivos de la Policía Federal allanaron la Estación de Policía Comunal de Tapalqué.
Según la hipótesis de un fiscal, personas que permanecen privadas de la libertad en ese lugar “se encontrarían en claro estado de irregularidad, con libre acceso al teléfono de la dependencia y, eventualmente, con libertad ambulatoria”.
La anómala escena dio lugar a que el magistrado, Juan José Suárez, iniciara de oficio una investigación penal. Y teniendo en cuenta que lo ocurrido se detectó desde el Juzgado de Garantías que conduce, posteriormente se excusó de seguir interviniendo en la causa que ahora se lleva adelante por aquel llamado telefónico que atendiera un preso.
De esa manera, la competencia en el sumario penal la asumió Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2.
Además, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios y personal policial los investigados, la causa quedó radicada en la UFIE que en Azul conduce José Ignacio Calonje.
En la orden de allanamiento, se ordenó incautar los libros de registro de la dependencia, como las filmaciones que hubiera.
“Con el operativo que hizo la Policía Federal, buscamos determinar cómo son los movimientos en esa comisaría. Aparentemente los presos, en vez de estar en los calabozos, estaban sueltos dentro de la seccional y hasta atendían el teléfono. Por ese motivo se realizó la diligencia”, destacó uno de los voceros.
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