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Natalia Kidd
Ieleconomista.com.ar
El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplió ya su primera semana de Gobierno, marcada por el anuncio de un plan de duro ajuste fiscal en el que han quedado aparcadas algunas promesas de campaña y cuyo impacto en el humor social es un factor de preocupación.
El clima festivo de la investidura, con los focos puestos en las visitas del exterior para la ceremonia, pasó veloz y 48 horas después vio el baño de realidad del plan de “shock” enunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo objetivo es lograr el equilibrio fiscal en 2024, mediante un ajuste equivalente al 5 % del PIB.
Habrá recortes múltiples en el gasto público, incluyendo la reducción de subsidios estatales a los servicios públicos y el transporte, el fin de las obras públicas de infraestructura y la reducción de la dotación de personal de la Administración pública.
Y se teme que salarios estatales, jubilaciones y ayudas a sectores vulnerables pierdan en términos reales contra la elevada inflación, que ya se ubicó en el 160,9 % interanual en noviembre, con proyecciones de tasas mensuales del 20 al 40 % hasta febrero.
Promesas centrales de campaña, como la dolarización y el cierre del Banco Central, han quedado cuanto menos aplazadas, y principios libertarios defendidos por Milei antes de las elecciones, como bajar y eliminar impuestos, se estrellaron en sólo dos días contra la necesidad de aumentar los ingresos públicos.
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“En esta semana Milei demostró ser absolutamente pragmático, alejado de todos los dogmas atados a su anarcoliberalismo. Postergó su plan de dolarización y su programa ahora es un plan de ajuste fiscal y monetario típico del neoliberalismo de la década de 1990”, dice el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat.
El nuevo Ejecutivo se apoya de momento en el respaldo popular del 55,69 % de los votos obtenidos por Milei en la segunda vuelta celebrada el pasado 19 de noviembre ante el peronista Sergio Massa, exministro de Economía.
Aun siendo minoría en el Congreso, la formación La Libertad Avanza lograría en principio aval para las leyes que vertebran el nuevo programa de Milei. Pero la profundidad del ajuste podría encontrar su límite en la “calle”, en un escenario en el que la pobreza ya ronda el 45 % y la indigencia, el 10 %.
La delicada situación social empeorará previsiblemente si la alta inflación no encuentra su techo. Estaciones de servicio y supermercados han visto fuertes aumentos de precios tras la devaluación del 50 % del peso.
“La inflación viaja al 1 % diario. Eso quiere decir que la inflación está viajando al 3.678 % anual. Estamos totalmente abocados a evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo, con un fuerte ajuste fiscal”, explicó Milei en redes sociales.
El presidente insiste en que el ajuste recae sobre la “casta política”, pero sus medidas afectan de modo directo al bolsillo de los argentinos, muchos de los cuales están “genuinamente motivados para salir a la calle, para hacer cacerolazos o cualquier cosa que permita soñar con que el Gobierno puede cambiar lo que hay que cambiar sin hacer doler tanto a la sociedad argentina”, apunta Arias.
Anticipándose a las expresiones de previsible malhumor social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el nuevo protocolo de las fuerzas de seguridad para evitar los cortes de calles y carreteras por protestas sociales y sindicales. Si no son sobre las veredas (aceras), habrá sanciones, advirtió.
Tras tachar ese protocolo de “anticonstitucional”, organizaciones sociales y políticas de izquierda prometen masivas movilizaciones en todo el país el miércoles 20 de diciembre, aniversario del violento estallido social de 2001.
Según Arias, el nuevo protocolo “incentiva” al componente mínimo de la sociedad que se expresa violentamente, pero “el gran tema es si esto provoca la ira de los mansos, que no hay nada que la contenga, por más amenazas que se hagan”.
Para el experto, aún hay gente a la que “no le llegó el no tener con qué comprar la comida diaria”, pero “cuando esa situación nueva irrumpa” entre los asalariados de clase media podría darse un escenario social complejo “de mucho enojo” si el Gobierno no adopta “medidas paliativas”.
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