El Gobierno intenta dejar atrás la crisis de las tarifas

Twitter: @mnspezzapria

Cuando se les pasó la bronca, entre Mauricio Macri y sus principales colaboradores se impuso la idea de que el fallo de la Corte Suprema sobre la tarifa del gas no había sido tan malo para los intereses del gobierno. De hecho, muchos interpretan que el pronunciamiento del máximo tribunal del país abrió una nueva oportunidad para que la gestión de Cambiemos rectifique errores del pasado reciente.

Pero en las horas posteriores a la publicación de la sentencia, el Presidente se enojó con todos: primero con los jueces de la Corte, porque entendió que la resolución tenía un tinte “populista”; pero también con sus propios funcionarios, que le habían asegurado que el fallo sería favorable al gobierno. La información que manejaba Macri estaba, por cierto, distorsionada por su entorno.

El mandatario recibió la novedad en pleno vuelo desde el predio de Tecnópolis hacia la Casa Rosada. Cuando bajó del helicóptero estaba con cara de pocos amigos y se encerró en el despacho presidencial con Marcos Peña y su asesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Allí comenzó a pergeñar el gobierno una respuesta pública para mostrar que la derrota no era tan traumática.

Entonces, la mesa chica de la Casa Rosada –a la que también se suman los funcionarios de la Jefatura de Gabinete Quintana y Lopetegui- resolvió lo que era obvio, pero lo presentó como una virtud: acatar el fallo de la Corte y no atacar políticamente a sus miembros. Por contraste, la reacción del gobierno fue de una madurez democrática a la que el país no está acostumbrado.

En la misma línea puede interpretarse la remoción del titular de la Aduana, Gómez Centurión, apuntado por denuncias sobre irregularidades, con escuchas telefónicas e investigación judicial de por medio. El sólo hecho de que el funcionario fuera desplazado marca una diferencia notable con la actitud política que solía tener el kirchnerismo en los casos de corrupción que se detectaron.

¿Pero le alcanza al gobierno para forjar una identidad política sólo con presentarse como la contracara del kirchnerismo? Se podría afirmar que un gobierno se puede definir por lo que no es –si la comparación se hace con aspectos negativos de un tiempo cercano- pero que con el correr de los meses comienza a necesitar que aparezca su marca de gestión, más allá de la retórica.

En ese punto es donde aparecen las dudas en la alianza gubernamental, porque la controversia que desató el tarifazo se debió, más que a otras razones, a deficiencias de gestión en la instrumentación de una medida ya de por sí impopular. Por eso las miradas recaen en el ministro Aranguren, pese a que no fue el único responsable del plan de reducción de subsidios y que inclusive habría propuesto un esquema más gradual del que finalmente se intentó aplicar.

El ex presidente de Shell era partidario de un plan de recomposición trianual de la tarifa, pero cerca de Macri pensaron que ese proceso debía apurarse para combatir el abultado déficit fiscal. Por eso fue el propio Presidente quien salió a poner la cara, lo que le valió duras críticas de la oposición.

En ese contexto, el gobierno quedó encerrado en un laberinto del que no supo cómo salir. Y la discusión sobre el rumbo de la economía ya no le fue favorable, como cuando levantó el cepo cambiario o firmó el acuerdo con los fondos buitre para regularizar la deuda externa. Por el contrario, fueron largos meses en los que primó el estancamiento sobre una lenta recuperación.

Unos pocos ministros, como Rogelio Frigerio o Alfonso Prat Gay, entendieron cabalmente lo que estaba sucediendo, pero el Presidente escuchó otras voces. El viernes pasado, tras el fallo de la Corte, ambos funcionarios fueron protagonistas de una reunión en la quinta de Olivos, a la cual no fue invitado Aranguren. El ministro de Energía tiene motivos de sobra como para preocuparse.

Aranguren no fue invitado a una reunión en Olivos donde se analizaron las alternativas tras el fallo de la Corte. Algunos ven en esa ausencia un anticipo de algo

En el Congreso resistió el embate de los diputados de la oposición, pero no cerró la explicación sobre su actual relación con la petrolera Shell: no sólo tiene acciones de la compañía radicadas en el exterior, sino que 7 de las últimas 10 licitaciones del ministerio favorecieron a esa firma. Una de ellas es objeto de investigación de la Justicia y mereció un allanamiento en sus propias oficinas.

Las fuerzas de oposición también pusieron un ojo en la política de energía renovable que impulsa Aranguren, con aval presidencial. Les llamó la atención el decreto 282 de este año que facilitó el acceso a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Y lo vincularon con el empresario británico Joseph Lewis, quien hospedó a su amigo Macri en una mansión patagónica.

Además de tierras, Lewis posee en la Argentina una parte de la firma Pampa Holding, que entre sus activos tiene a Enenor, la mayor distribuidora de electricidad del país. Esa compañía será parte de la discusión por la tarifa de la luz, que entre mañana y el martes tendrá una fecha para su propia audiencia pública, diferenciada de la del gas que se realizará el próximo 12 de septiembre.

El sitio elegido por el gobierno fue la Usina del Arte, un bello edificio recuperado por el macrismo -que perteneció a la Italo-Argentina- en La Boca, que reúne dos condiciones: cuenta con capacidad para albergar a las cientos de personas que participarán de las audiencias y no se encuentra en pleno centro de la Capital, lo que evitará que las manifestaciones opositoras ganen la escena.

No obstante, el fallo de la Corte dejó un flanco abierto al no incluir a las pymes y los clubes de barrio entre los exceptuados del tarifazo del gas, por el cual se multiplicarán las demandas de la oposición, las cámaras empresarias y las entidades de defensa de los consumidores. En rigor, el fallo que llegó a la Corte no incluía un reclamo de empresas y comercios, sino sólo de usuarios residenciales. El gobierno estudiaría la forma de atenuar el aumento para esos sectores, para no tener más complicaciones.

De todos modos, no podrá evitar una andanada de protestas que ya están agendadas, como una marcha federal que el 2 de septiembre confluirá en la Plaza de Mayo, organizada por la CTA, o una eventual medida de fuerza que convoque la CGT tras el congreso de reunificación que tendrá lugar mañana en el estadio de Obras Sanitarias. Allí se proclamará un triunvirato para la conducción.

Uno de los jefes sindicales que integrará ese trío, Juan Carlos Schmid, anticipó que no habría que descartar un paro nacional si el gobierno mantiene el rumbo económico. Otros gremialistas, como “Momo” Venegas, se autoexcluyeron de la movida y aseguraron que será funcional a la oposición. “Buscan dividir al movimiento obrero para el uso político de la CGT en favor de Massa”, disparó.

El líder del Frente Renovador admitió por primera vez en público que podría pasar de largo el turno electoral del año próximo para consolidar una nueva candidatura presidencial que le dispute el poder a Macri en 2019. Distinta sería la estrategia de Cristina Kirchner, quien podría competir el año que viene en territorio bonaerense como una manera de reposicionarse frente a las denuncias de corrupción.

Esta misma noche, en el programa de Lanata, se divulgaría la radicación de las cuentas y activos de la ex presidenta y su familia, lo que volverá a poner el foco sobre hechos injustificables como los bolsos repletos de dólares de José López. Mientras tanto, el gobierno intentará dejar atrás la crisis de las tarifas, algo que se le dificultará si no consigue acelerar la recuperación de la economía.