El Gobierno y Cambiemos, con problemas de enfoque político

Twitter: @mnspezzapria

La escena ocurrió el último viernes en la Casa Rosada. Un grupo de funcionarios de primer nivel de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño debía ingresar a un salón para participar de un acto organizado por la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en la previa del encuentro pidieron que se retirara a la prensa, pese a que originalmente se había realizado una convocatoria oficial.

¿Qué sucedió entonces? El ministro Frigerio, la gobernadora Vidal y el alcalde Rodríguez Larreta no quisieron, aparentemente, responder preguntas -que seguramente se les iban a formular- sobre el acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri por una deuda con el ex Correo Argentino. La reacción de estas primeras figuras del PRO reveló que el caso excede largamente las formalidades burocráticas.

Se trata, en rigor, de un asunto de extrema sensibilidad política, ya que Cambiemos llegó al poder con el claro mandato de sus votantes de terminar con la discrecionalidad y de eliminar cualquier atisbo de corrupción. Pero en este caso, resulta inevitable la sospecha de que el acuerdo entre el Estado y Socma pudo haber contemplado que la empresa pertenece a la familia presidencial.

Por cierto que la sospecha no alcanza para probar nada en los estrados judiciales, aunque provoca daño en términos políticos. ¿Nadie en el Gobierno advirtió que el acuerdo podía ser cuestionado en ese plano? La responsabilidad mayor recaería sobre el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ya que fueron los funcionarios a su cargo los que participaron de las negociaciones.

En medio de esta situación, el Gobierno contó con un favor inesperado: la fiscal que puso la lupa sobre el caso –alineada con la procuradora Gils Carbó- exageró las cifras del presunto beneficio a Socma, mientras que la ex presidenta Kirchner agitaba la información por las redes sociales. De todos modos, en el propio oficialismo se preguntaron qué era lo que realmente había pasado.

De hecho, la diputada Elisa Carrió se comunicó con sus colaboradores desde Punta del Este –donde se encuentra de vacaciones- para pedirles precisiones al respecto, un día antes que Frigerio, Vidal y Larreta se llamaran a silencio. Tampoco el presidente Macri se pronunció sobre el delicado asunto. Sólo habló la vice Michetti para asegurar que el mandatario desconocía el acuerdo.

Como fuera, en los hechos el entendimiento beneficia a dos hermanos y tres hijos del Presidente, que son los actuales propietarios de Socma, la compañía de la que su padre Franco y él mismo se retiraron hace varios años. Aunque los puntos de contacto están a la vista: Macri designó al frente del Correo a Jorge Irigoin, un ejecutivo de esa misma empresa que participó de aquella concesión.

Por esos motivos, el Gobierno recalcularía el ofrecimiento inicial del ministro Aguad de concurrir al Congreso para brindar las explicaciones del caso. Es que si hubiera una escalada política, el oficialismo llevaría las de perder. Ya tiene bastantes inconvenientes con la gestión gubernamental, como para andar dilapidando energías en una discusión que lo obliga a ponerse a la defensiva.

APUNTEN A HIGHTON

Los problemas de “enfoque político” que evidencia el Gobierno no se remiten solamente al caso de la empresa de la familia presidencial. También se pusieron en evidencia con la avanzada para que la jueza Highton de Nolasco deje su cargo en la Corte Suprema. Desde el punto de vista jurídico, al Gobierno le asiste la razón: Highton juró por la Constitución de 1994, que limitó los mandatos a los 75 años, por lo que es posible que apele el fallo favorable a la magistrada que no se quiere jubilar. Pero en el plano político, todavía hay quienes se preguntan cuál es la necesidad de generar un conflicto más en el escenario público.

CONFLICTIVIDAD SINDICAL

Un tercer asunto que el Gobierno no está enfocando en toda su dimensión es el de la conflictividad sindical. Hasta el momento, los funcionarios achacan a los gremialistas motivaciones políticas y electorales detrás de sus demandas de aumento salarial. Aunque está claro que los dirigentes juegan en ese terreno, también lo es que los sueldos perdieron con la inflación en 2016.

La tensión sindical se está agudizando especialmente en el sector docente, que reclama una paritaria nacional dada de baja por el Gobierno; entre los bancarios que no obtienen la homologación oficial para un acuerdo salarial del 24% de aumento y entre los gremios industriales, que padecen suspensiones y despidos. Son los sectores que marcharán a Plaza de Mayo el próximo 7 de marzo.

En este contexto poco favorable, la administración de Cambiemos viene dando muestras de que tiene vocación de introducir reformas en el mundo laboral. Los cambios en el régimen de las ART -tendientes a frenar vertiginosamente la litigiosidad y la cartelización de esas compañías- son una punta del iceberg, que también incluirá un blanqueo del trabajo en negro y la rebaja de contribuciones patronales.

Se trata de iniciativas que en la Casa Rosada consideran fundamentales para que la economía gane herramientas de competitividad en un escenario de apertura comercial, como la que auspicia el presidente Macri. Los empresarios están a priori a favor de ese paquete de reforma laboral. “Si nos van a cambiar la cancha, que por lo menos nos den mejores condiciones para jugar”, razonan.

Pero los sindicatos están en otra sintonía: advierten que la inflación sigue siendo un problema –pese al 1,3% que detectó el nuevo INDEC para enero- y sostienen que el Gobierno beneficia a algunos sectores de la economía en detrimento de otros. Entre los ganadores del Modelo M –afirman- se encuentran el gran complejo agropexportador, el farmacéutico y el automotriz.

RUIDO EN EL OFICIALISMO

En ese marco, tanto sindicalistas como empresarios aguardan que la economía empiece a crecer, pero acuerdan en que no habrá un impacto positivo inmediato sobre el nivel de empleo ni el consumo masivo. Paradójicamente, algunos de ellos sostienen que las mejoras comenzarían a notarse en el “segundo semestre” de este año. En 2016, ese pronóstico nunca se verificó.

Por eso es que en el oficialismo ya se evidencian algunas dudas respecto del destino electoral de la alianza Cambiemos. La situación tiende a achicar el margen de maniobra del PRO para imponer la estrategia y los candidatos a sus principales aliados, la UCR y la Coalición Cívica. Aunque por el momento el partido del presidente Macri lleva las riendas y trata de digerir las críticas internas.

La más extendida de ellas es que la mesa chica del Gobierno no atiende las opiniones de dirigentes como el radical Sanz o “Lilita” Carrió. Tampoco las de Eduardo Duhalde, que acerca peronistas en territorio bonaerense. Ese ruido en la línea oficialista se manifiesta especialmente en tres distritos: Buenos Aires, Santa Fe y la capital. Es decir, en donde se podrían definir las elecciones legislativas.

En la Provincia, el PRO rechaza llevar a Carrió como candidata, mientras que en la capital bloquea la postulación del embajador Lousteau, que cuenta con el apoyo del radicalismo. En Santa Fe, el macrismo espera que la UCR se retire de su larga alianza de nueve años con el socialismo. Los problemas de enfoque no afectan sólo al Gobierno sino que derraman sobre su armado político.