Sigue irresuelto el problema de las reiteradas fugas de presos de las comisarías bonaerenses

La reciente fuga de dos presos de la comisaría Sexta de Tolosa, que se encontraban detenidos por robo uno de ellos y tentativa de robo el otro, en un episodio que se repitió en las mismas jornadas en una comisaría de Lomas de Zamora en donde cinco presos escaparon de la comisaría Novena y sólo uno de ellos pudo ser recapturado, vino a desnudar una vez más otro costado de las serias falencias que, en materia de seguridad y de ajuste a los cuadros normativos, presenta el sistema penal en la Provincia.

Según las primeras estimaciones, el caso de Tolosa los presos rompieron un candado del calabozo y recién se detectó la fuga varias horas después; por su parte, en Lomas de Zamora los detenidos violentaron la reja del calabozo fugándose de esa celda los que estaban allí alojados. De todos modos, en ambos casos se continuaba con las pericias y con la determinación de responsabilidades en las custodias respectivas.

Si bien no se hicieron conocer las estadísticas correspondientes a los últimos años, un recorte de la situación en tan sólo el departamento judicial La Plata, conocido en 2014, permitió vislumbrar la magnitud del problema: desde 1998 a fines de 2013, se habían abierto 577 causas por fuga de presos (concretadas o intentos), de las cuales solamente 14 llegaron a juicio y menos de la mitad tuvo sentencia. También se informó que las fugas de presos en todo el país en ese mismo año superaron el número de tres mil.

En el caso de la Plata los casos relevados incluyeron las evasiones de institutos de menores, comisarías y penales de hombres y mujeres, pero las fugas de detenidos también se presentaron en distintos hospitales en los que los presos se encontraban internados, durante los traslados en ómnibus penitenciarios y también cuando tramitaban sus procesos en los tribunales penales.

En el caso más frecuente, el de las comisarías, como antecedentes pueden mencionarse varias decisiones judiciales que, en su oportunidad, ordenaron clausuras en distintas dependencias policiales al constatarse no sólo la superpoblación de detenidos, sino también las pésimas condiciones de seguridad e higiene en los calabozos. De todos modos, se conoce que nadie debería permanecer detenido en comisarías, a no ser en un plazo mínimo de horas, existiendo legislación nacional e internacional que así lo determina.

En esta misma columna se advirtió sobre la gravedad de este tema y la necesidad de que se adopten urgentes medidas. Corresponde asimismo dar respuesta a las poblaciones que no dejan de expresar su justificada alarma ante las fugas de presos, muchos de los cuales suelen contar con frondosos antecedentes. Esta inquietud debiera servir para reforzar la advertencia y provocar la reacción que, evidentemente, hace falta. Desde luego que es responsabilidad primaria de las autoridades analizar a fondo este problema y avanzar en la búsqueda de las soluciones de fondo.