Una norma trascendente para enfrentar los actos de violencia contra los docentes

La reciente sanción en la provincia de Buenos Aires de una ley que establece penas de arresto y sanciones económicas a familiares de alumnos que agredan a docentes y no docentes de las escuelas, viene a enfrentar uno de los problemas más graves y dolorosos de los que debe enfrentar el ámbito educativo bonaerense.

Tal como se informó en este diario, el nuevo texto incorpora esas sanciones al artículo 74 bis del Código de Faltas provincial, con comienzo de aplicación a partir del próximo ciclo lectivo. Concretamente, la ley impulsada desde el Ejecutivo establece penas de hasta 60 días de cárcel y sanciones económicas de más de 30 mil pesos para quienes comentan las agresiones.

El texto dispone que la pena para los agresores de docentes y personal de educación será de arresto de 5 a 30 días o multa de entre el 50 y 100 por ciento del haber mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía, que ronda los 15.500 pesos. No obstante, duplica las sanciones si la acción se comete delante de los alumnos: es decir, que los días de arresto podrían llegar a 60 y las multas a 31 mil pesos.

Se añade en la norma que las sanciones previstas recaerán en las personas que invoquen un vínculo con el alumno y cuando la agresión se produzca dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo.

Asimismo, la ley que contó con el aval de los gremios determina que se sancionará a quien “insulte” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física”, “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa” o “ingrese sin autorización a un establecimiento”.

Como se sabe, en los últimos años la Federación de Educadores Bonaerenses había informado que en la provincia se estaba recibiendo casi una denuncia de agresiones por día, un dato que no podía sino causar enorme preocupación. Ese dato estadístico se veía agravado por la presentación de algunos casos graves, en los que familiares de alumnos golpearon e hirieron seriamente a docentes en varias escuelas de la Provincia.

Desde luego que no ha pasado al olvido el caso del director de un colegio, seriamente herido a raíz del ataque recibido por parte de un alumno de tercer año del secundario y de la madre del joven. La situación alcanzó tal gravedad que derivó en la intervención de la Justicia penal y en un paro de actividades en repudio a la agresión, en una medida dispuesta por el sector docente y que afectó al conjunto del sistema educativo bonaerense.

Cabe recordar que la reiteración de hechos similares llevó a un sindicato del sector a realizar un estudio, cuyos resultados arrojaron que siete de cada diez docentes están preocupados por el incremento de la violencia escolar, y al menos la mitad de ellos se sienten desprotegidos frente a esta situación, al igual que los auxiliares.

Desde luego que la sola sanción de una ley no despejará en forma inmediata un panorama tan inquietante como el aquí descripto. Pero, cuanto menos, marca la adopción de una política de Estado que debe encaminarse –en forma clara y ejemplar- a respaldar la tarea de los docentes y auxiliares educativos, de modo que las escuelas vuelvan a ser un ámbito de excelencia formativa de los estudiantes.