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Lo resolvió en fallo dividido la Sala V de Casación, porque “todavía hay término para recurrir”
El Tribunal de Casación bonaerense excarceló ayer a los ocho ex comisarios detenidos por la causa de los 36 sobres con dinero de presuntas coimas encontrados el año pasado en la Jefatura Departamental de La Plata.
Así lo resolvió en un fallo dividido la Sala V de la Feria de Casación. Y en horas de la tarde recuperaron la libertad el ex titular de la Departamental, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca (de la Tercera de Los Hornos); Raúl Frare (la Decimosegunda de Villa Elisa); Sebastián Velázquez (la Segunda, en barrio Norte) y Julio Sáenz (de la Sexta, de Tolosa).
El noveno imputado en esta causa era Federico Jurado, el ex jefe de la Decimosexta de Villa Ponsati que fue encontrado muerto el jueves de la semana pasada en su celda de la Unidad 9. La autopsia determinó que falleció por un síndrome asfíctico, aunque la defensa duda de que la causa haya sido natural y espera el resultado de los peritajes complementarios.
En su resolución, Casación hizo lugar a los hábeas corpus presentados por los abogados defensores Oscar Salas (de Camerini, Carballo, Skramowskyj, Huck, y Cuenca) y Daniel Mazzochini (en representación de Frare, Sáenz, Velázquez y la familia de Jurado).
Los camaristas fundamentaron esa decisión “por haberse inobservado el artículo 31 del Código de Procedimiento Penal”, que señala que “las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado”.
De esta manera, los jueces Jorge Celesia y Mariano Borinsky, con la oposición de su par Carlos Natiello, ordenaron “disponer la libertad inmediata” de los ocho imputados, “medida que deberá efectivizar en el día de la fecha el juez de garantías de feria a cargo del Juzgado Nº 5”.
El juez Juan Pablo Massi dispuso entonces la excarcelación de los ex comisarios, dos de los cuales estaban alojados en la Unidad 9, otros dos en la Unidad 1 de Lisandro Olmos, y cuatro en la Unidad 4 de Florencio Varela.
Los familiares de los detenidos tomaron conocimiento del fallo ayer al mediodía en la sede de la fiscalía platense, en 7 entre 56 y 57, a donde marcharon desde 7 y 66 con banderas que pedían “libertad para los 8” y “justicia por el homicidio de Federico Jurado”.
Liliana Manes, esposa de Saenz, aclaró que “nadie está pidiendo que no se investigue”, y admitió que tenían “temor” por sus maridos, después de que la autopsia a Jurado reveló “contusiones en rostro, hemorragias internas y asfixia”.
Antes de que se conociera el fallo de Casación, el fiscal Marcelo Martini recibió a esta mujer, junto a las de Frare y Velázquez y la madre de Cuenca. “Tuve una buena conversación con ellas”, dijo el funcionario. Los familiares de los policías estuvieron acompañados por representantes del Foro de Vecinos Autoconvocados de City Bell.
El abogado Salas opinó que la de Casación es una “resolución con tinte jurídico en una causa sumergida en un tembladeral que la convierte en una ficción desde la foja uno, impulsada por un fiscal que imagina más de lo que puede probar y que ha concurrido a los medios de comunicacion cada vez que un sector de la Justicia tuvo que resolver alguna cuestión, buscando a mi juicio ejercer presión sobre los magistrados”.
El defensor cuestionó también a la jueza Marcela Garmendia por efectivizar “una detención que no se encontraba firme, por la que se mantuvo encerrados injustamente a mis defendidos y se llevó la vida de uno de los detenidos”.
Más allá de la excarcelación, los policías seguirán imputados en la causa que se abrió tras el hallazgo, el 1 de abril de 2016, de 36 sobres membretados que contenían 153.700 pesos dentro de la sede de la Jefatura Departamental.
Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad de la capital bonaerense recaudaba alrededor de 200.000 pesos de coimas por mes.
El fiscal Martini pidió el mes pasado a la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad que también se investigue al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Pablo Bressi, para determinar si conocía las maniobras ilícitas cometidas en la Departamental de la capital provincial.
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