El fiscal federal Federico Iuspa solicitó la elevación a juicio parcial de la causa contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que operaba desde cárceles bonaerenses, entre ellas la Unidad 26 de Lisandro Olmos, y que se dedicaba a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. La organización quedó bajo la lupa por haber sido la que, según la investigación, hostigó y acorraló al gendarme Rodrigo Gómez (21), quien terminó con su vida mientras cumplía guardia en la Quinta de Olivos.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro ante la jueza Sandra Arroyo Salgado. Entre los principales acusados figuran dos hombres que, según la investigación, dirigían la estructura criminal desde la Unidad 36 de Magdalena, mientras que otro de los implicados se encontraba alojado en la Unidad 26 de Olmos, desde donde también se habría desplegado parte de la maniobra delictiva.
La investigación se inició tras la muerte de Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien el 16 de diciembre pasado se suicidó mientras cumplía funciones de vigilancia en la residencia presidencial de Olivos. Antes de tomar esa drástica decisión, el joven había sido víctima de una serie de amenazas y exigencias económicas por parte de los delincuentes.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, todo comenzó cuando el gendarme conoció a una supuesta mujer a través de una aplicación de citas. Luego, la conversación pasó a WhatsApp y apareció una persona que se presentó como la madre de la joven, asegurando que era menor de edad y advirtiendo sobre una eventual denuncia penal.
Más tarde, otro integrante de la banda se hacía pasar por un policía y le exigía dinero para “solucionar” el problema. Bajo esa presión, el joven llegó a transferir más de 1,4 millones de pesos, además de pedir préstamos y dinero a compañeros. Sin embargo, las exigencias continuaron.
La pesquisa permitió establecer que la organización operaba desde las cárceles bonaerenses con celulares y contaba con la colaboración de cuatro mujeres que facilitaban cuentas de billeteras virtuales y chips telefónicos para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones.
Ahora, el Ministerio Público pidió que los siete imputados enfrenten un juicio oral por asociación ilícita agravada y extorsión, mientras que los dos presuntos líderes también deberán responder por la acusación de instigación al suicidio del efectivo, en un caso que sigue generando conmoción y que expuso el funcionamiento de una banda que, según la pesquisa, delinquía desde la cárcel.
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