La relación entre los productores agropecuarios y los municipios bonaerenses sumó un nuevo foco de conflicto. En el partido de 9 de Julio, gobernado por la intendenta María José Gentile (Juntos por el Cambio) una disposición incorporada en la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 generó fuertes cuestionamientos por parte de las entidades rurales debido a que condiciona la realización de determinados trámites a la inexistencia de deudas con la comuna.
La controversia se originó a partir de las dificultades que comenzaron a encontrar algunos productores para obtener las guías ganaderas necesarias para trasladar hacienda. Según denunciaron desde la Sociedad Rural de 9 de Julio, quienes mantienen obligaciones impagas con el municipio no pueden avanzar con ese trámite hasta regularizar su situación.
La entidad consideró que la medida excede las facultades de la administración local y sostuvo que se trata de una herramienta con fines recaudatorios. Desde la organización remarcaron que el problema no radica en la obligación de pagar tributos, sino en la utilización de un trámite vinculado a la actividad productiva como mecanismo de presión para cobrar deudas.
El presidente de la entidad, Hugo Enríquez, explicó que las restricciones alcanzan incluso a obligaciones que no guardan relación con la actividad agropecuaria. Señaló, un productor podría quedar impedido de gestionar una guía ganadera por mantener una deuda correspondiente a otra tasa municipal.
Desde el sector rural sostienen que existen vías administrativas y judiciales para reclamar el pago de tributos sin afectar la operatoria diaria de los establecimientos. En ese sentido, consideran que impedir el acceso a un trámite indispensable para la comercialización de hacienda constituye una medida desproporcionada.
La polémica gira en torno al artículo 40 de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, aprobada por el Concejo Deliberante local. La norma establece que los contribuyentes con deudas por tasas o derechos municipales no podrán avanzar con determinados trámites ante la administración comunal.
Según la Sociedad Rural local, la decisión afecta a numerosos productores del distrito. Además, la entidad vinculó el malestar a la percepción de que los recursos obtenidos mediante las tasas no se reflejan en mejoras de infraestructura. Entre los reclamos históricos aparece el estado de los caminos rurales, una cuestión clave para el transporte de la producción y movimiento de hacienda.
Desde la organización afirmaron que gran parte de la red vial rural continúa presentando serias deficiencias, pese a los reiterados pedidos de inversión. Por eso entienden que la exigencia de cancelar deudas para acceder a trámites productivos profundiza el malestar existente.
Fuentes del municipio rechazaron las críticas y aclararon que la disposición no fue diseñada específicamente para el sector agropecuario. Según explicaron, la exigencia de encontrarse al día con las obligaciones tributarias alcanza a todos los contribuyentes del distrito.
Además, destacaron que recientemente se incorporó una excepción destinada a los productores comprendidos dentro de la emergencia agropecuaria correspondiente a 2025.
En esos casos, podrán realizar los trámites previstos siempre que no registren deudas ajenas a los períodos contemplados por la declaración de emergencia.
La administración comunal también negó que el objetivo sea exclusivamente recaudatorio. De acuerdo con la interpretación oficial, la medida busca garantizar el financiamiento de los servicios que presta el municipio y preservar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Un debate que trasciende a 9 de Julio
El episodio se inscribe en una discusión más amplia que atraviesa al agro bonaerense. En los últimos meses, las entidades rurales intensificaron sus cuestionamientos a la expansión de tasas municipales y tributos provinciales, en un contexto en el que el Gobierno nacional avanzó con una reducción gradual de las retenciones.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa advirtieron que el alivio fiscal impulsado a nivel nacional pierde parte de su efecto cuando otras jurisdicciones incrementan o crean nuevas cargas tributarias.
La entidad sostuvo que el equilibrio fiscal debe ser acompañado por todas las instancias del Estado y alertó sobre la proliferación de gravámenes locales que terminan sustituyendo impuestos eliminados o reducidos por la Nación.
Para Carbap, la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los derechos de exportación. También está condicionada por una estructura tributaria provincial y municipal que, según la organización, continúa ampliándose y requiere una revisión integral.
En ese marco, el conflicto de 9 de Julio aparece como un nuevo capítulo de una discusión que promete seguir abierta: hasta dónde pueden llegar los municipios en la búsqueda de recursos y cuál es el límite para que esas herramientas no interfieran con la actividad productiva.
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