El océano Atlántico sur se consolidó como uno de los principales focos mundiales de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una actividad que genera profundas consecuencias económicas, sociales y ambientales para el país. Mientras la industria pesquera nacional aporta cerca de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones, estimaciones de especialistas indican que las flotas furtivas extraen recursos equivalentes a unos 1.000 millones de dólares por año.
La problemática trasciende ampliamente el aspecto económico. La explotación indiscriminada de especies marinas compromete la sustentabilidad de uno de los ecosistemas más productivos del planeta y amenaza recursos estratégicos que sostienen miles de puestos de trabajo vinculados a la pesca y a las actividades asociadas.
Expertos en conservación marina advierten que la presión pesquera creciente podría provocar daños difíciles de revertir. El riesgo no se limita a la reducción de las capturas futuras, sino que también involucra la alteración de procesos biológicos esenciales para la supervivencia de numerosas especies.
En este escenario, la pesca ilegal aparece como un desafío que combina cuestiones ambientales, económicas y geopolíticas, con efectos que podrían extenderse durante décadas.
El riesgo biológico detrás de la sobrepesca
A diferencia de la actividad regulada, que opera bajo cuotas de captura y períodos de veda diseñados para permitir la recuperación de las poblaciones, las flotas ilegales suelen actuar sin controles efectivos ni limitaciones de extracción.
Uno de los principales peligros es el denominado colapso reproductivo. Cuando se capturan ejemplares jóvenes antes de que alcancen la madurez sexual, se interrumpe el ciclo natural de reproducción. La consecuencia es una disminución progresiva de las poblaciones que puede derivar en el colapso de una pesquería completa.
La situación se agrava por el impacto sobre la cadena alimentaria marina. Especies fundamentales como el calamar Illex argentinus y la merluza hubbsi cumplen funciones centrales dentro del ecosistema. Su reducción afecta directamente a aves marinas, pingüinos, lobos marinos y otros organismos que dependen de ellas para alimentarse.
A ello se suma la denominada pesca incidental, fenómeno por el cual las redes capturan especies que no constituyen el objetivo comercial de la operación. Delfines, tiburones, tortugas marinas y numerosas especies protegidas terminan muriendo accidentalmente como consecuencia de prácticas de pesca poco selectivas.
La Milla 201 y la concentración de flotas extranjeras
Las imágenes satelitales nocturnas muestran con claridad uno de los fenómenos más llamativos del Atlántico Sur: cientos de embarcaciones concentradas sobre el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en el área conocida como la Milla 201.
Desde el espacio, la zona suele asemejarse a una gran ciudad flotante debido a la intensidad de las luces utilizadas por los buques pesqueros. Allí operan entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras cada año, según datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP).
La mayor presencia corresponde a barcos provenientes de China, aunque también participan flotas de Corea del Sur y Taiwán. Estas embarcaciones se dedican principalmente a la captura de especies migratorias que forman parte del ecosistema del Atlántico Sudoccidental.
Muchos de estos buques permanecen largos períodos en alta mar gracias a sistemas de abastecimiento y transbordo que les permiten transferir sus capturas a barcos frigoríficos sin necesidad de regresar a puerto, aumentando significativamente su capacidad extractiva.
Un crecimiento acelerado de la presión pesquera
Los registros analizados por FULASP muestran que entre 2019 y 2024 los niveles de extracción en el Atlántico Sudoccidental aumentaron un 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota de origen chino se incrementó un 85% durante el mismo período.
Las cifras reflejan una marcada asimetría respecto de la actividad nacional. Mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales capturan entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año.
Según la investigación, dependiendo de la especie analizada, las capturas realizadas por embarcaciones extranjeras pueden superar hasta en un 400% las obtenidas por la industria pesquera argentina.
Raúl Cereseto, presidente de FULASP, sostiene que el principal problema no radica únicamente en el volumen extraído, sino en el impacto biológico que produce la captura de ejemplares antes de completar sus ciclos naturales de crecimiento y reproducción.
El calamar Illex, una especie bajo amenaza
Entre los recursos más vulnerables aparece el calamar Illex argentinus, una de las especies más importantes para la economía pesquera regional y para el equilibrio ecológico del Atlántico Sur.
La organización Environmental Justice Foundation (EJF) advirtió que la combinación de sobrepesca y cambios ambientales podría desencadenar un colapso poblacional en un plazo muy breve debido al ciclo de vida relativamente corto de esta especie.
La relevancia del calamar trasciende el aspecto comercial. Constituye una fuente de alimento fundamental para peces, aves marinas y mamíferos que integran la compleja red trófica del ecosistema.
Una reducción significativa de sus poblaciones podría generar efectos en cascada sobre numerosas especies que dependen directa o indirectamente de este recurso para sobrevivir.
El impacto sobre Argentina y el futuro del ecosistema
La presión extractiva en el Atlántico Sur no se limita a la actividad desarrollada en aguas internacionales. A ella se suman las capturas realizadas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas, que durante 2024 alcanzaron las 261.903 toneladas.
Entre las especies más explotadas figura la merluza común, cuya captura llegó a 54.714,5 toneladas, una de las cifras más elevadas registradas desde finales de la década de 1980.
Diversos estudios científicos basados en análisis de microquímica de otolitos indican que muchas de estas especies forman parte de poblaciones compartidas que migran entre la plataforma continental argentina y áreas explotadas por flotas internacionales.
Los especialistas coinciden en que la continuidad de este modelo extractivo podría comprometer la producción de alimentos, las exportaciones pesqueras y miles de empleos vinculados al sector. La advertencia es clara: si las capturas continúan afectando a ejemplares jóvenes y reproductores, la capacidad de recuperación de los recursos marinos podría verse severamente limitada, poniendo en riesgo uno de los patrimonios naturales y económicos más importantes de Argentina.
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