En un grave episodio que desató un inmediato conflicto diplomático en la región, el gobierno de Bolivia, que preside Rodrigo Paz, expulsó y deportó a una delegación de legisladores nacionales y referentes de organismos de Derechos Humanos argentinos. La comitiva civil había arribado al país vecino con el objetivo de integrar una Misión Humanitaria para fiscalizar las denuncias por represión estatal y persecución política.
El hecho se inició durante la madrugada de este lunes en el aeropuerto internacional de El Alto. Las autoridades locales les retuvieron la documentación a los ciudadanos argentinos, les impidieron formalmente el ingreso al territorio y los obligaron a abordar una aeronave con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde donde ya fueron embarcados en un vuelo de regreso hacia la Argentina.
La comitiva afectada está compuesta por el diputado nacional Juan Marino (Fuerza Patria); Vanina Biasi, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano, referente de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otros activistas.
Desde el avión en pleno proceso de expulsión, las legisladoras argentinas brindaron crudos testimonios sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno boliviano. Vanina Biasi, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, denunció de forma tajante que la comitiva estuvo “secuestrada con represión policial” en las instalaciones aeroportuarias. “Lo que ocurre en Bolivia es una verdadera dictadura militar. Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, disparó Biasi, asimilando las maniobras institucionales a regímenes de facto.
Por su parte, Alejandrina Barry ratificó la gravedad institucional del trato recibido en suelo paceño. “No nos dejaban bajar del avión, el trato que recibimos fue igual al de un secuestro”, relató.
Asimismo, reveló una maniobra de los agentes estatales para comprometer legalmente a los dirigentes: “Quisieron hacernos firmar un documento que presentaba causas truchas respecto a los objetivos reales de nuestro viaje”.
El accionar del Palacio Quemado generó inmediatas repercusiones en el arco político argentino. El presidente del bloque de diputados nacionales de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió públicamente que las autoridades fronterizas revirtieran la medida para permitir que el diputado Juan Marino ejerciera las funciones de veeduría para las que había sido formalmente invitado por la propia Asamblea de Bolivia.
“Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física”, remarcó Martínez a través de sus canales oficiales ante la incertidumbre inicial del paradero de los dirigentes.
A través de un comunicado conjunto, la Misión Humanitaria denunció que la expulsión forzosa representa una flagrante violación a los fueros diplomáticos de los legisladores participantes, así como también una infracción a la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y a los tratados internacionales en la materia.
“Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión constituye una decisión política dictatorial”, fustigó el documento.
Los referentes humanitarios locales advirtieron que el bloqueo a la fiscalización internacional tiene como única finalidad "ocultar" la escalada de violencia interna bajo el mandato de Paz. De acuerdo a las cifras recopiladas por las organizaciones convocantes, la represión en las calles bolivianas ya se cobró la vida de una decena de víctimas fatales.
A su vez, el documento de la Misión concluye denunciando la existencia de "centenares de presos políticos bajo torturas en los lugares de detención, ausencia de asistencia médica a los manifestantes heridos, secuestros de dirigentes sindicales y agrarios de pueblos originarios, sistemáticas agresiones a la prensa y un alarmante rebrote de actos de discriminación y racismo impulsados desde el Estado".
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