Un juez federal de Estados Unidos anuló una política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump que había dificultado la permanencia y el acceso a beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
La decisión fue adoptada por el magistrado John McConnell Jr., quien cuestionó con dureza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y sostuvo que la medida dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre legal. Según el fallo, las autoridades migratorias actuaron fuera de las facultades que les otorga la ley y no justificaron adecuadamente las restricciones impuestas.
McConnell afirmó que las nuevas políticas colocaron a “innumerables inmigrantes” en un “limbo legal indeterminado” y consideró que el organismo utilizó preocupaciones de seguridad nacional como argumento para encubrir una política basada en sentimientos antiinmigrantes.
Las disposiciones anuladas impedían que inmigrantes procedentes de los países alcanzados recibieran resoluciones sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía, entre otros trámites.
La política formaba parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de los controles migratorios impulsada por la administración Trump. El Gobierno la había reforzado tras la detención de un ciudadano afgano sospechado de participar en el ataque contra dos integrantes de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias.
Sin embargo, el juez concluyó que las medidas no respetaban los procedimientos administrativos exigidos por la legislación estadounidense y que no contemplaban el impacto que tendrían sobre miles de solicitantes que ya habían iniciado sus trámites.
Alcance de la decisión
El fallo alcanza a todos los expedientes pendientes dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración vinculados con personas de los países afectados, y no solamente a los demandantes que participaron en la causa.
No obstante, la resolución no modifica los procesos de asilo que tramitan los jueces de inmigración para personas detenidas en la frontera, ya que esos procedimientos se desarrollan fuera del ámbito del USCIS. Para organizaciones de abogados especializados en inmigración, la decisión representa una victoria de gran relevancia porque obliga a la agencia federal a retomar el tratamiento de miles de solicitudes que habían quedado paralizadas.
Diversas entidades defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron el fallo. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización que representó a los demandantes, afirmó que la sentencia reafirma que el Gobierno no puede bloquear vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su nacionalidad.
Según sostuvo, las restricciones provocaron graves perjuicios para familias, trabajadores y solicitantes de asilo que quedaron durante meses sin posibilidad de trabajar, acceder a beneficios o avanzar con sus trámites migratorios.
En la misma línea, representantes de asociaciones de abogados y grupos comunitarios señalaron que la decisión judicial establece un precedente importante al recordar que el Poder Ejecutivo no puede modificar de manera unilateral beneficios migratorios establecidos por el Congreso.
La defensa del Gobierno
Durante el proceso judicial, el Gobierno defendió la legalidad de las medidas y argumentó que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo amplias facultades para regular la entrada de extranjeros y administrar beneficios migratorios.
Los abogados oficiales sostuvieron que las restricciones buscaban garantizar decisiones más consistentes y seguras dentro del sistema migratorio. Sin embargo, esos argumentos fueron rechazados por el tribunal, que consideró insuficientes las explicaciones presentadas para justificar la política.
La resolución representa uno de los reveses judiciales más significativos para las medidas migratorias impulsadas por Trump y reabre el camino para que miles de inmigrantes puedan retomar trámites que habían quedado suspendidos durante meses.
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