La crisis política y social en Bolivia sigue agravándose y el presidente Rodrigo Paz intenta contener el creciente malestar con una medida que muchos consideran más simbólica que efectiva: ayer anunció que reducirá a la mitad su salario y el de todos sus ministros. Sin embargo, el gesto no logró desactivar las protestas que ya cumplen cuatro semanas y mantienen bloqueadas rutas y ciudades clave del país.
El mandatario centroderechista, de 58 años, percibe actualmente un sueldo mensual de unos 24.000 bolivianos, equivalentes a cerca de 3.448 dólares. Con la rebaja anunciada, pasaría a cobrar alrededor de 12.000 bolivianos. No obstante, la reducción no figura entre los reclamos de los manifestantes y fue recibida con indiferencia por gran parte de la oposición social.
Miles de personas volvieron a marchar ayer por las calles de La Paz para exigir directamente la renuncia de Paz. Obreros, mineros, campesinos, transportistas y trabajadores fabriles recorrieron avenidas de la capital política entre petardos y fuertes consignas contra el gobierno.
“¿Qué queremos? ¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritaban las columnas de manifestantes que descendieron desde El Alto hacia el centro paceño. Otros coreaban: “¡El pueblo está emputado!”, reflejando el nivel de enojo social.
Las protestas comenzaron a inicios de mayo impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más poderoso del país, y crecieron rápidamente con huelgas y bloqueos de rutas que ya superan el medio centenar. La crisis golpea sobre todo a La Paz y El Alto, donde se multiplican la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.
Bolivia atraviesa la peor situación económica en cuatro décadas. La inflación, la falta de dólares y las dificultades para importar combustible dispararon el malestar social. Además, el gobierno enfrenta fuertes críticas por la distribución de nafta de baja calidad, que según denuncian transportistas dañó miles de vehículos.
En las calles de La Paz el clima sigue siendo tenso. El acceso a la plaza de armas permanece blindado por centenares de policías antimotines detrás de vallas metálicas y cadenas. Comerciantes ambulantes venden vinagre y barbijos para aliviar los efectos de los gases lacrimógenos utilizados durante los disturbios recientes.
“ESTAMOS ENOJADOS”
“Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, afirmó Julia Ramírez, una campesina aymara de 57 años. Félix Mamani, un joven minero, resumió el sentir de muchos manifestantes: “Estamos enojados porque nos mintieron”.
El sábado pasado policías y militares intentaron despejar algunos accesos a La Paz para permitir el ingreso de alimentos y combustible, pero fueron frenados por civiles armados con piedras y palos.
Desde Sucre, Paz volvió a convocar al diálogo y aseguró que hará respetar la Constitución. Sin embargo, descartó negociar con sectores que recurran a la violencia.
El gobierno acusa al expresidente Evo Morales de impulsar las protestas para “alterar el orden democrático”. Morales, actualmente prófugo por una causa de presunta trata de una menor, reclamó elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
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