Un atentado extrema la tensión en Corrientes
| 19 de Diciembre de 1999 | 00:00

CORRIENTES.- A pesar del desembarco del primer funcionario del Gobierno nacional en esta provincia y de la llegada de la primera ayuda efectiva de la Nación a través de medicamentos, Corrientes vivió ayer una nueva jornada de violencia, esta vez política, con el atentado que sufrió el diputado nacional por el PJ Rodolfo Martínez Llano, herido de gravedad en sus manos por el estallido de una carta bomba.
A este nuevo hecho, que sobre el mediodía quebró la tímida calma que quería instalarse en la ciudad con el levantamiento de los piquetes que permanecían luego de incidentes con Gendarmería en los que murieron dos personas, se sumó la multitudinaria marcha en repudio a la "represión de los gendarmes", que atravesó esta capital hasta llegar el lugar donde cayó una de las víctimas fatales, a metros del Puente Interprovincial.
Esta combinación de sensaciones y sucesos, envueltos por el implacable calor del litoral y la a veces desconcertante parsimonia correntina, demostró que la provincia está todavía lejos de entender a la intervención federal que encabezará Ramón Mestre como "La Solución" al problema que vive, y se debate aún con sus heridas internas no cicatrizadas.
Por ello, la llegada del secretario de Relaciones con las provincias, Walter Ceballos, primer funcionario del Gobierno nacional que desembarca en esta ciudad, apenas despertó entusiasmo, a pesar de que el hombre vino acompañado del primer envío efectivo de ayuda por parte de la Nación: un avión Hércules con 16 mil kilos de medicamentos.
Ceballos viajó a Corrientes para traer "tranquilidad", pero en el mismo instante en que se encontraba reunido con el arzobispo local, monseñor Domingo Castagna, en la sede del clero correntino, el diputado Martínez Llano abría un sobre en su domicilio y sufría las consecuencias de un fuerte explosivo colocado dentro de un casete.
Como consecuencia del ataque, Martínez Llano debió ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela para ser intervenido quirúrgicamente en una delicada operación que le reconstruyó la importante pérdida de piel que sufrió en ambas manos.
El atentado contra el legislador del PJ -reconocido opositor al destituido gobierno del Partido Nuevo- reavivó de inmediato el clima de violencia política que tan bien conoce esta provincia y que tiene su antecedente más inmediato en la quema de un comité de la UCR, y los ataques a locales partidarios del justicialismo y el Partido Autonomista Liberal, ocurridos el 3 de julio pasado.
El nuevo hecho provocó la inmediata reacción del gobernador interino Hugo Perié (PJ), quien no acusó directamente al PaNu, pero recordó todos los hechos de violencia perpetrados contra dirigentes políticos opositores a la fuerza que gobernaba la provincia y esta capital hasta hace unos meses, encabezada por Raúl Romero Feris.
Perié exigió el esclarecimiento del hecho y dijo que los "únicos beneficiados" con esta situación son "quienes no quieren que Corrientes salga adelante", en alusión a Romero Feris, internado en una clínica privada y renuente a abandonar la provincia pese a la llegada de Mestre, quien lo quiere "en la cárcel", según dijo ayer.
"No se permitirá que un ex gobernante que debería estar detenido, no lo esté", señaló Mestre desde Buenos Aires, donde reiteró su promesa de que a partir de mañana y antes del 31 de diciembre, los estatales correntinos cobrarán los sueldos atrasados de noviembre y diciembre.
MARCHA DE REPUDIO
Este compromiso del Gobierno nacional pareció haber aplacado en parte la ira de los estatales locales y los grupos autoconvocados, que terminaron con los piquetes en la Avenida 3 de Abril, pero que participaron ayer de una emotiva movilización en repudio a los crímenes de Federico Escobar y Mauro Ojeda y "por los fallecidos que no se dijeron", según afirmaron los manifestantes.
La marcha se inició en la Plaza 25 de Mayo, "la Plaza de la Dignidad", donde desde junio pasado se mantiene una protesta del denominado Cabildo Abierto, y avanzó por las calles céntricas con banderas negras y celestes y blancas y en medio de un aplauso cerrado.
"Asesinos, asesinos", "fuera, fuera", fue el grito de la multitud cuando el cordón policial los detuvo a unos cien metros de los gendarmes, en la esquina de Chaco y 3 de Abril.
Los insultos alcanzaron también al presidente Fernando de la Rúa y al ministro del Interior Federico Storani, mientras que la policía local, una suerte de escudo entre la gente y los gendarmes, fue vitoreada.
La supuesta responsabilidad del Gobierno en el hecho y la negativa por parte de los manifestantes a aceptar la teoría de los infiltrados "francotiradores", fueron otros dos ejes de la protesta.
Precisamente este último punto, adjudicar la responsabilidad por los incidentes a elementos de Quebracho y Patria Libre, provocó ayer una dura crítica del ex presidente Carlos Menem para con el actual jefe de Estado Fernando de la Rúa.
"Cuando hubo incidentes en algunas partes del país, nosotros atribuíamos la mayor cantidad a quienes hacen referencia ahora, Quebracho, Patria Libre, y desde la ex oposición nos decían que la violencia era producto de otro tipo de situaciones y no de infiltrados", dijo Menem, marcando el cambio de postura de la Alianza.
Pero además de la marcha, la jornada tuvo otros picos de emoción y dolor, como lo fueron los sepelios de las dos víctimas fatales, Federico Escobar, sepultado en el cementerio San Juan Bautista, y Mauro Ojeda, enterrado en San Isidro de Laguna Brava, a veinte kilómetros de esta capital.
Para esa hora, cuando el calor cedía y nubes tormentosas se cernían sobre la ciudad, quedaban apenas unos pocos recuerdos de la primera noche después del caos, en la que una quincena de manifestantes mantuvieron un piquete e interrumpieron en un par de ocasiones el frágil sueño de los gendarmes que dormían en el suelo.
Recién pasadas las 5, cuando los manifestantes se retiraron, la policía provincial y la Gendarmería pudieron al fin limpiar la avenida 3 de abril y mover las dos camionetas calcinadas que cortaban la calle, para restablecer el tránsito en esa zona después de casi ocho días.
Por último, y como saldo de lo ocurrido el viernes, eran seis las personas que todavía permanecían internadas en los hospitales Escuela y Vidal de esta capital, cuatro de ellas con heridas de cierta gravedad, mientras que 26 de los 28 detenidos habían sido liberados.
A este nuevo hecho, que sobre el mediodía quebró la tímida calma que quería instalarse en la ciudad con el levantamiento de los piquetes que permanecían luego de incidentes con Gendarmería en los que murieron dos personas, se sumó la multitudinaria marcha en repudio a la "represión de los gendarmes", que atravesó esta capital hasta llegar el lugar donde cayó una de las víctimas fatales, a metros del Puente Interprovincial.
Esta combinación de sensaciones y sucesos, envueltos por el implacable calor del litoral y la a veces desconcertante parsimonia correntina, demostró que la provincia está todavía lejos de entender a la intervención federal que encabezará Ramón Mestre como "La Solución" al problema que vive, y se debate aún con sus heridas internas no cicatrizadas.
Por ello, la llegada del secretario de Relaciones con las provincias, Walter Ceballos, primer funcionario del Gobierno nacional que desembarca en esta ciudad, apenas despertó entusiasmo, a pesar de que el hombre vino acompañado del primer envío efectivo de ayuda por parte de la Nación: un avión Hércules con 16 mil kilos de medicamentos.
Ceballos viajó a Corrientes para traer "tranquilidad", pero en el mismo instante en que se encontraba reunido con el arzobispo local, monseñor Domingo Castagna, en la sede del clero correntino, el diputado Martínez Llano abría un sobre en su domicilio y sufría las consecuencias de un fuerte explosivo colocado dentro de un casete.
Como consecuencia del ataque, Martínez Llano debió ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela para ser intervenido quirúrgicamente en una delicada operación que le reconstruyó la importante pérdida de piel que sufrió en ambas manos.
El atentado contra el legislador del PJ -reconocido opositor al destituido gobierno del Partido Nuevo- reavivó de inmediato el clima de violencia política que tan bien conoce esta provincia y que tiene su antecedente más inmediato en la quema de un comité de la UCR, y los ataques a locales partidarios del justicialismo y el Partido Autonomista Liberal, ocurridos el 3 de julio pasado.
El nuevo hecho provocó la inmediata reacción del gobernador interino Hugo Perié (PJ), quien no acusó directamente al PaNu, pero recordó todos los hechos de violencia perpetrados contra dirigentes políticos opositores a la fuerza que gobernaba la provincia y esta capital hasta hace unos meses, encabezada por Raúl Romero Feris.
Perié exigió el esclarecimiento del hecho y dijo que los "únicos beneficiados" con esta situación son "quienes no quieren que Corrientes salga adelante", en alusión a Romero Feris, internado en una clínica privada y renuente a abandonar la provincia pese a la llegada de Mestre, quien lo quiere "en la cárcel", según dijo ayer.
"No se permitirá que un ex gobernante que debería estar detenido, no lo esté", señaló Mestre desde Buenos Aires, donde reiteró su promesa de que a partir de mañana y antes del 31 de diciembre, los estatales correntinos cobrarán los sueldos atrasados de noviembre y diciembre.
MARCHA DE REPUDIO
Este compromiso del Gobierno nacional pareció haber aplacado en parte la ira de los estatales locales y los grupos autoconvocados, que terminaron con los piquetes en la Avenida 3 de Abril, pero que participaron ayer de una emotiva movilización en repudio a los crímenes de Federico Escobar y Mauro Ojeda y "por los fallecidos que no se dijeron", según afirmaron los manifestantes.
La marcha se inició en la Plaza 25 de Mayo, "la Plaza de la Dignidad", donde desde junio pasado se mantiene una protesta del denominado Cabildo Abierto, y avanzó por las calles céntricas con banderas negras y celestes y blancas y en medio de un aplauso cerrado.
"Asesinos, asesinos", "fuera, fuera", fue el grito de la multitud cuando el cordón policial los detuvo a unos cien metros de los gendarmes, en la esquina de Chaco y 3 de Abril.
Los insultos alcanzaron también al presidente Fernando de la Rúa y al ministro del Interior Federico Storani, mientras que la policía local, una suerte de escudo entre la gente y los gendarmes, fue vitoreada.
La supuesta responsabilidad del Gobierno en el hecho y la negativa por parte de los manifestantes a aceptar la teoría de los infiltrados "francotiradores", fueron otros dos ejes de la protesta.
Precisamente este último punto, adjudicar la responsabilidad por los incidentes a elementos de Quebracho y Patria Libre, provocó ayer una dura crítica del ex presidente Carlos Menem para con el actual jefe de Estado Fernando de la Rúa.
"Cuando hubo incidentes en algunas partes del país, nosotros atribuíamos la mayor cantidad a quienes hacen referencia ahora, Quebracho, Patria Libre, y desde la ex oposición nos decían que la violencia era producto de otro tipo de situaciones y no de infiltrados", dijo Menem, marcando el cambio de postura de la Alianza.
Pero además de la marcha, la jornada tuvo otros picos de emoción y dolor, como lo fueron los sepelios de las dos víctimas fatales, Federico Escobar, sepultado en el cementerio San Juan Bautista, y Mauro Ojeda, enterrado en San Isidro de Laguna Brava, a veinte kilómetros de esta capital.
Para esa hora, cuando el calor cedía y nubes tormentosas se cernían sobre la ciudad, quedaban apenas unos pocos recuerdos de la primera noche después del caos, en la que una quincena de manifestantes mantuvieron un piquete e interrumpieron en un par de ocasiones el frágil sueño de los gendarmes que dormían en el suelo.
Recién pasadas las 5, cuando los manifestantes se retiraron, la policía provincial y la Gendarmería pudieron al fin limpiar la avenida 3 de abril y mover las dos camionetas calcinadas que cortaban la calle, para restablecer el tránsito en esa zona después de casi ocho días.
Por último, y como saldo de lo ocurrido el viernes, eran seis las personas que todavía permanecían internadas en los hospitales Escuela y Vidal de esta capital, cuatro de ellas con heridas de cierta gravedad, mientras que 26 de los 28 detenidos habían sido liberados.
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