La historia estalló el 19 de agosto de 1999, cuando el Banco de Nueva York (Bank of New York o BONY, por sus siglas en inglés), uno de los más antiguos de EE UU, admitió cooperar con una investigación sobre el supuesto lavado de 10.000 millones de dólares. El asunto involucra a varios bancos europeos que, se dice, durante el último año ayudaron a transferir 4.000 millones de dólares desde Rusia hasta la oficina londinense del BONY. Todos los bancos niegan haber obrado mal.
Una de las claves de la investigación está en Bruce Rappaport (que también niega haber obrado mal), un banquero suizo de 76 años que en Antigua, notorio paraíso impositivo caribeño, fue sindicado como embajador en Moscú. El es copropietario, con el BONY, del Bank of New York-Inter Maritime, un banco suizo que maneja muchos negocios rusos. Otra de las claves está en Benex, una empresa dirigida por Peter Berlin, esposo de Lucy Edwards (Lyudmila Pritzker), ejecutiva del BONY. El banco la suspendió, junto a otra ejecutiva rusa, Natsha Kagalovsky, casada con Konstantin Kagalovsky, un rico empresario ruso que a comienzos de los '90 fue representante ruso en el FMI.
Se cree que 200 millones de dólares que pasaron por el BONY procederían de préstamos efectuados por el FMI a Rusia. El FMI dice que las denuncias de lavado de dinero son serias y que están siendo analizadas. Pero también afirma que sus préstamos a Rusia fueron depositados directamente en cuentas del banco central ruso y que no tiene posibilidades de controlar qué sucede de ahí en más.
Sin embargo, el FMI, que le ha prestado a Rusia más de 20.000 millones de dólares desde 1992, tuvo una experiencia que habría llevado a cualquier prestamista privado a cortar sus líneas de crédito. En julio de 1999, un informe de Pricewaterhouse Coopers confirmó que, en 1996, el banco central de Rusia transfirió 1.000 millones de dólares a Fimaco, una que firma controlaba en las Islas del Canal, sin notificar al FMI. Stanley Fischer, director del FMI, declaró que los rusos mintieron sobre este tema. Sin embargo, el FMI aceptó prestarle a Rusia otros 4.500 millones de dólares; aunque esta vez, el dinero se usa para pagar préstamos anteriores, por lo que el gobierno ruso no puede tocarlos. Los funcionarios del FMI admiten que se generaron muchos problemas por tratar a Rusia como un caso especial. Los préstamos a Rusia acostumbraron tener motivos políticos, como la ayuda para la reelección de Boris Yeltsin en 1996.
Los bancos occidentales también admiten que Rusia es un caso especial. Muchos fueron alentados a instalarse en Moscú luego del colapso del comunismo. Y muchos negocios rusos probaron ser lucrativos, aunque muchos bancos experimentaron grandes pérdidas hace un año cuando el gobierno ruso no pagó sus deudas. Sin embargo, ahora Rusia es un caso especial principalmente por su crimen organizado. Los bancos raramente han preguntado acerca de la procedencia del dinero del cliente. Pero en años recientes, la mayoría de los bancos internacionales tienen normas para detectar y reportar lavado de dinero. Pero en Rusia es virtualmente imposible saber si el dinero se gana legítimamente.
Y eso sucede porque el delito no está al margen de la sociedad sino que es su centro mismo. Aunque no se puede hablar de cifras ciertas, el ministerio del Interior de Rusia calcula que el delito organizado controla el 40 por ciento de la economía. Se cree que la mitad de los bancos de Rusia están controlados por los sindicatos del delito.
Sin embargo, para comprender la profundidad del problema es preciso admitir que no es un fenómeno nuevo. A lo largo de su historia, Rusia ha sido un país más o menos ordenado. Pero prácticamente nunca observó la ley. El absolutismo zarista impidió el arraigo de los derechos de propiedad y un poder judicial independiente, que se vieron aún más desestabilizados luego de la revolución bolchevique de 1917.
Ahora el delito es más visible, pero eso no lo convierte en algo nuevo. Durante décadas, existió un grupo de mafiosos tradicionales conocidos como "ladrones gobernados por sus propias leyes", que dirigen actividades del tipo de las que florecen en cualquier sociedad represiva, desde tráfico de materiales de construcción hasta prostitución ilegal y juego. Estas actividades raramente salían a la luz en los medios de difusión controlados por el estado.
Por otro lado estuvo el estado dirigido por los comunistas. Para el ciudadano común, puede haber mantenido una fachada de orden y legalidad. Pero también confiscó todo lo que quiso, desde ahorros privados (a través de reformas monetarias) hasta las vidas de los ciudadanos (mediante explotación de los trabajadores). Debido a la mayor libertad de prensa que impera en Rusia y a la integración con el mundo exterior, la ilegalidad resulta más visible.
En un nivel superficial, las estructuras y los valores de la legalidad están en pie. La policía y los jueces ya no obedecen órdenes de los líderes partidarios; el parlamento controla al ejecutivo; en teoría, nadie está por encima de la ley. Hasta los políticos más corruptos elogian la idea de legalidad. Pero una vez más, la realidad difiere de lo visible. Los ex comunistas usaron medios legales, semi legales e ilegales para convertir el poder en riqueza y luego la riqueza en poder. La administración presidencial se tornó fantásticamente rica. No hay cuentas públicas exactas; los detalles que se filtran -cientos de millones de dólares destinados a la renovación del Kremlin, por ejemplo- sugieren una indulgencia prodigiosa.
Entre otras señales de inobservancia de la ley está la privatización de las principales empresas industriales y de energía por sumas irrisorias, la extraordinaria indulgencia con banqueros cuyas desprolijidades les habrían valido, en otro país, demandas judiciales y bancarrota; y las remarcables oportunidades de coima creadas por una combinación de altas tarifas y un servicio aduanero corrupto.
Aunque las instituciones estatales son fuertes y codiciosas cuando están en juego sus propios intereses, son débiles y apáticas llegado el momento de defender a los ciudadanos rusos. Esto abrió camino a un nuevo delito organizado que ataca al sector privado. Aunque los emprendimientos tienen una vida más tranquila y previsible, las coimas tienen efectos más perniciosos. Uno es asegurar que los funcionarios sigan siendo débiles y coimeables. Y otro es financiar los propios planes de expansión de la mafia en Rusia y en el extranjero. El colapso financiero de 1999 agravó la situación. La devaluación del rublo redujo salvajemente el valor de los salarios del sector público haciendo más vulnerables a la corrupción a los funcionarios.
Las ganancias ilegales son canalizadas por negocios que se mantienen sólo como operaciones de lavado de dinero, o gracias a monopolios mantenidos por la fuerza. En algunas de las regiones más alejadas y peor gobernadas como las provincias del este, los funcionarios se valen de amenazas e intimidación para forzar a los empresarios a entregar dinero o pertenencias.
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