Por quiebra, ordenan secuestrar los micros de la Río de la Plata

El Juzgado Nacional número 1 en lo Comercial de capital federal, en el marco del proceso de quiebra de la empresa de transporte Río de la Plata, dispuso el secuestro y detención de los ómnibus de la citada firma que circulen por la vía pública o arriben a las terminales.
Los secuestros de unidades -según surge de la resolución judicial a la que este diario tuvo acceso- fueron dispuestas al advertirse por parte del síndico conductas que "alarman al tribunal", como incumplimientos para instruir las medidas atinentes a este tipo de procesos con la finalidad de proteger a los acreedores.
La quiebra de la Río de la Plata fue decretada el 20 de agosto último, en una resolución en la cual se dispuso la inhibición general de bienes y se ordenó que la empresa le entregue al síndico los libros de comercio y toda la documentación relacionada con su contabilidad y los bienes objeto de desapoderamiento.
En el fallo, además, se dispuso, entre otras medidas, la intercepción de la correspondencia de la empresa, se intimó a ésta a que en un plazo de cinco días brinde un detallado informe sobre los activos y pasivos y también se prohibió la salida del país a Marcelo Damián Tellone y José Manuel Alvarez.
El juzgado también ordenó el cierre de todas las cuentas y la clausura de las cajas de seguridad abiertas a nombre de la empresa en entidades financieras, para que los saldos sean puestos a disposición de la Justicia, y la incautación de bienes, para lo cual dispuso que si es necesario se podrá allanar el domicilio mediante el empleo de la fuerza pública y destinarse una custodia policial.
En la resolución se le dio al síndico un plazo de 20 días para cumplimentar las exigencias previstas en el proceso de quiebra y hasta el 25 del mes próximo a los acreedores para los pedidos de verificación de créditos.
Posteriormente, el juzgado tomó otra serie de medidas para encauzar el procedimiento, al tomar conocimiento de que "las presentaciones de la sindicatura no se compadecían con las medidas ordenadas en la quiebra", precisaron fuentes judiciales.
En la nueva resolución, conocida días atrás, se sostuvo que "desde la aceptación del cargo la sindicatura no se ha expedido aún sobre la continuación de la explotación de la empresa".
En tal sentido, se remarcó que "tampoco ha tomado o sugerido medidas respecto de la explotación y recaudación de dinero por venta de pasajes ni propuso medidas conducentes a detener la prestación del servicio, más aún teniéndose en cuenta que la Río de La Plata tendría caducas las concesiones de las rutas otorgadas por la secretaría de Transporte de la Nación".
"La conformidad de la sindicatura con peticiones formuladas por la fallida, cual si se tratara de un proceso de concurso preventivo, sorprende de manera alarmante al tribunal en tanto pareciera que los funcionarios que la integran desconocieran la responsabilidad que en el ejercicio de sus funciones les compete y hace temer que los intereses de los acreedores no se encuentran debidamente protegidos", se destacó en la resolución judicial.
Por estos motivos, el juzgado dispuso intimar a los síndicos para que en 24 horas cumplan con lo requerido bajo apercibimiento de remoción, y que en ese interín se resuelva con lo dispuesto, para que "con la finalidad de evitar posibles trastornos e inconvenientes a terceras personas (pasajeros, transeúntes o bienes de terceros)" se proceda a "la detención y secuestro de aquellos vehículos de transportes de pasajeros que circulen por la vía pública o arriben a las terminales de ómnibus, incluida la cabecera de Ranelagh, bajo la marca de 'Cía. de Transportes Río de la Plata'".