Un golpe contra la democracia

Durante la madrugada del 28 de junio de 1966 -hace exactamente cuarenta años- el general del ejército Julio Alzogaray irrumpió, junto a un grupo de oficiales, en el despacho presidencial. Allí le informó a Arturo Illia que a partir de ese momento quedaba destituido y lo intimó a abandonar, lo antes posible, la Casa Rosada, que iba a ser ocupada por los jefes militares.

El episodio, que no presentó más carga de violencia que un cruce de palabras, insultos y acusaciones, marcó una nueva interrupción al orden constitucional en el país, que no sería la última. E inauguró una era en la historia argentina en la que la violencia se entremezcló profundamente en la vida política.

El golpe de Estado que permitió la llegada al poder del general Juan Carlos Onganía, además, dejó atrás un gobierno democrático que -según la opinión unánime de los historiadores- se caracterizó por un paulatino pero innegable avance en materia económica, por el respeto por los derechos civiles y por la tolerancia para con la voces críticas y opositoras.

A poco de llegar al poder, Onganía anunció que la "Revolución Argentina" -tal como habían bautizado al golpe de Estado- no tendría un plazo predeterminado para permanecer en el gobierno, sino objetivos sintetizados en tres etapas: el "tiempo económico", el "tiempo social" y, finalmente, el "tiempo político" (que preveía la normalización institucional), que llegaría siete años después.

EL GOBIERNO DE ILLIA

Illia había llegado a la presidencia apenas tres años antes de su destitución, luego de imponerse en las elecciones que se celebraron el 7 de julio de 1963, en la que participaron varias decenas de partidos. En los comicios se registró uno de los mayores índices de votos en blanco (cerca del 20%), que fueron la respuesta popular a la proscripción del peronismo.

La Unión Cívica Radical del Pueblo -la agrupación que llevaba la fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perette para la presidencia y vicepresidencia respectivamente- se impuso con el 25% del total de los votos, superando por un 9% a la Unión Cívica Radical Intransigente.

El 12 de octubre de ese año, Illia asumió la presidencia con una cuota muy baja de consenso: sólo contaba con un tercio de los escaños en el Congreso y debía enfrentar las presiones de los partidos opositores para lograr espacios dentro del gabinete de ministros.

El mismo día que asumió, en su mensaje al Congreso, adelantó los aspectos fundamentales de lo que sería su programa de gobierno: el respeto a la independencia del Poder Judicial y a las autonomías provinciales, la eliminación de la desocupación obrera, el aprovechamiento pleno de todos los factores productivos, la defensa del valor de la moneda, la anulación de los contratos petroleros con empresas extranjeras, entre otros.

Pero además, el presidente radical aseguró que intentaría fortalecer la acción gremial, ampliar las posibilidades en educación y cultura para la mayor cantidad de gente, procurar la integración del territorio nacional y formular un llamamiento a las Fuerzas Armadas para su reinserción en el proceso democrático.

En poco menos de tres años, el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo plasmó una transformación lenta pero efectiva. Al momento del abrupto final de la presidencia de Illia, el país presentaba indicadores que, en conjunto, no volvieron a presentarse en ningún otro momento de la historia argentina.

En 1965, la Comisión Económica para América Latina señalaba, en un informe, el crecimiento del PBI argentino del orden del 7,8%, lo que implicaba un nivel de actividad superior en un 8% al obtenido antes de la recesión que dominó el bienio 62-63. El organismo destacaba además "el aumento de los rendimientos agrícolas, el avance de la producción del acero y el impulso a la industria petroquímica", la mejora en los rendimientos del agro y en la industria, el aumento en el empleo y el incremento en los salarios reales.

En el informe de la CEPAL también se deja constancia de las negociaciones "exitosas" para aliviar la gravitación del servicio de la deuda externa, efectuadas ante el FMI, el Banco Mundial y la banca europea y japonesa.

EL ASEDIO DE LA CRITICA

Los informes oficiales no reflejaban, sin embargo, las principales obras de gobierno de Illia: la licitación para la construcción de los puentes Corrientes-Barranqueras y Zárate-Brazo Largo; la sanción de la ley para poner en marcha las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados; la asignación de un 24% del presupuesto para el área de educación; el plan de alfabetización; el respeto por las autonomías de las casas de estudios y la ley de medicamentos, entre otras.

"Sin embargo, Illia debió soportar un asedio continuo prácticamente desde que asumió", recordó en una entrevista con EL DIA en 1996, el ya fallecido Carlos Alconada Aramburú, quien se desempeñó como ministro de Educación y Justicia de la Nación durante esa presidencia.

"Por un lado, los planes de lucha y las tomas de fábrica a la que los grandes industriales no eran ajenos y después pedían represión dura para crear el clima de violencia necesario. Por el otro lado, el grupo golpista del Ejército que no era mayoritario en las Fuerzas Armadas", detalló Aramburú. Y admitió: "Nosotros sabíamos perfectamente que el golpe iba a suceder".

Alconada Aramburú no era -por cierto- el único dirigente político de la época que hacia mediados de 1966 "sabía perfectamente" que el golpe de estado que derrocaría a Arturo Illia iba a suceder, al calor de la creciente oposición, que surgía no sólo desde la cúpula sindical peronista, sino desde la izquierda y desde algunos sectores del Ejército que, en público, manifestaban su compromiso con el orden constitucional que pronto iban a romper.

LA COCINA DEL GOLPE

Durante los últimos años de la presidencia de Illia, en la fracción del Ejército que integraba, entre otros, el general Juan Carlos Onganía, comenzó a cobrar fuerza la idea de modificar "de raíz" el régimen político y económico del país, en un intento de imitar la modernización del franquismo español.

La ofensiva golpista se intensificó en 1966, año en el que el sindicalismo peronista intentó jaquear al gobierno con un duro plan de lucha. A pesar de los esfuerzos de los sectores legalistas de las Fuerzas Armadas, el derrocamiento era inminente.

Las horas previas al golpe que terminó de desalojar al presidente Illia de la Casa Rosada estuvieron cargadas de tensión y de rumores sobre el momento exacto en que se produciría el alzamiento militar.

Cuando la noche ya comenzaba a caer sobre la capital, el presidente Illia recibió la noticia de la destitución y el arresto del Comandante del II Cuerpo del Ejército, el general Carlos Caro, leal a la democracia y contrario a la intentona de alguno de sus compañeros de armas.

Fue el primer paso en la escalada golpista. Por la noche, cuando aún permanecía en su despacho, Illia fue "informado" de su destitución, pero decidió resistir dentro de la Casa Rosada.

Luego de una noche cargada de tensión, en la madrugada del martes el golpe tomó forma. Pocos minutos antes de las 05:30, el general Julio Alzogaray y otros tres oficiales del Ejército lograron ingresar al despacho presidencial y le exigieron la renuncia a Illia, quien volvió a negarse a aceptar los términos del comando golpista.

Finalmente, con la asistencia de efectivos del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía Federal y entre empujones, Illia fue desalojado de la Casa Rosada junto a sus colaboradores y asesores. A las pocas horas, las Fuerzas Armadas estaban instaladas en el gobierno. Recién lo dejarían siete años después.