Tendrá la Corte una oficina de Derechos Humanos
| 19 de Diciembre de 2007 | 00:00
La Suprema Corte de la Provincia se dispone a crear en su ámbito un área de Derechos Humanos, que se ocupará del seguimiento de las condiciones carcelarias, y, en una medida virtualmente simultánea, otorgará al Poder Ejecutivo bonaerense un plazo de tres meses para presentar un plan integral de resolución de los problemas de infraestructura y servicios que presentan las unidades penitenciarias de su jurisdicción.
Asimismo, en una suerte de batería de medidas y planteos sobre aspectos vinculados a la población carcelaria bonaerense, la Corte reclamará, también, que se "adecúe la legislación de ejecución penal y penitenciaria a estándar internacionales".
Así lo pudo saber este diario en fuentes judiciales calificadas, que indicaron que la adopción de estas resoluciones sería inminente, y serían rubricadas en los plenarios del máximo tribunal que restan de este mes, para que estén vigencia antes del inicio de la feria de verano.
La creación de una oficina de Derechos Humanos estará orientada a que la Suprema Corte provincial tenga una dependencia que se ocupe exclusivamente del seguimiento de la situación en que se encuentran los detenidos en comisarías y cárceles, "según las pautas -dijeron las fuentes- surgidas de la resolución dictada en el 2005 por la Corte nacional en el marco de la causa del Cels".
Se alude así a una serie de pautas que estableció el máximo tribunal del país sobre las condiciones de vida que deben mantenerse en las cárceles, a partir de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) por la situación que afrontaban los detenidos en comisarías y cárceles bonaerenses". El tribunal nacional puso, asimismo, en manos de la Corte de la Provincia, el dictado de resoluciones y el ejercicio de los controles referidos al cumplimiento de aquellas pautas.
La creación de esa dependencia, por lo demás, convertirá a la bonaerense en la primera Corte provincial que cuenta con un área de Derechos Humanos, enfocada en la problemática carcelaria.
EDIFICIOS, SERVICIOS Y LEYES
Además, como se dijo, el tribunal bonaerense establecerá un plazo de tres meses al Ejecutivo provincial para "presentar un plan integral de solución de los problemas edilicios que presentan varias cárceles y para asegurar la prestación de servicios que garanticen condiciones dignas de vida" a los detenidos, indicaron las fuentes.
Y por último, al abordar esta problemática, la Corte pedirá a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la adecuación de las leyes de ejecución penal (las que tratan sobre el cumplimiento de las condenas) y vinculadas a la cuestión penitenciaria. "Lo hará en la línea de las reformas pedidas y concretadas el año pasado en materia de cumplimiento de la prisión preventiva", se indicó.
Vale señalar que en un reciente informe, la Comisión Provincial por la Memoria reseñó que en las cárceles bonaerenses se registraron en el último año 6 mil hechos de violencia y hay 12 casos denunciados de tortura con picana eléctrica. Y se destacó que el 73% de los presos no tiene sentencia firme y sólo cinco fueron elevados a juicio en los Departamentos de La Plata y Azul.
Asimismo, en una suerte de batería de medidas y planteos sobre aspectos vinculados a la población carcelaria bonaerense, la Corte reclamará, también, que se "adecúe la legislación de ejecución penal y penitenciaria a estándar internacionales".
Así lo pudo saber este diario en fuentes judiciales calificadas, que indicaron que la adopción de estas resoluciones sería inminente, y serían rubricadas en los plenarios del máximo tribunal que restan de este mes, para que estén vigencia antes del inicio de la feria de verano.
La creación de una oficina de Derechos Humanos estará orientada a que la Suprema Corte provincial tenga una dependencia que se ocupe exclusivamente del seguimiento de la situación en que se encuentran los detenidos en comisarías y cárceles, "según las pautas -dijeron las fuentes- surgidas de la resolución dictada en el 2005 por la Corte nacional en el marco de la causa del Cels".
Se alude así a una serie de pautas que estableció el máximo tribunal del país sobre las condiciones de vida que deben mantenerse en las cárceles, a partir de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) por la situación que afrontaban los detenidos en comisarías y cárceles bonaerenses". El tribunal nacional puso, asimismo, en manos de la Corte de la Provincia, el dictado de resoluciones y el ejercicio de los controles referidos al cumplimiento de aquellas pautas.
La creación de esa dependencia, por lo demás, convertirá a la bonaerense en la primera Corte provincial que cuenta con un área de Derechos Humanos, enfocada en la problemática carcelaria.
EDIFICIOS, SERVICIOS Y LEYES
Además, como se dijo, el tribunal bonaerense establecerá un plazo de tres meses al Ejecutivo provincial para "presentar un plan integral de solución de los problemas edilicios que presentan varias cárceles y para asegurar la prestación de servicios que garanticen condiciones dignas de vida" a los detenidos, indicaron las fuentes.
Y por último, al abordar esta problemática, la Corte pedirá a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la adecuación de las leyes de ejecución penal (las que tratan sobre el cumplimiento de las condenas) y vinculadas a la cuestión penitenciaria. "Lo hará en la línea de las reformas pedidas y concretadas el año pasado en materia de cumplimiento de la prisión preventiva", se indicó.
Vale señalar que en un reciente informe, la Comisión Provincial por la Memoria reseñó que en las cárceles bonaerenses se registraron en el último año 6 mil hechos de violencia y hay 12 casos denunciados de tortura con picana eléctrica. Y se destacó que el 73% de los presos no tiene sentencia firme y sólo cinco fueron elevados a juicio en los Departamentos de La Plata y Azul.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE