Causas penales: 2 años para investigar y hacer el juicio
Lo propone la Provincia para agilizar sentencias y apelaciones. Sanciones para jueces que no cumplan
| 3 de Febrero de 2008 | 01:00
El gobierno bonaerense impulsará una reforma del Código Procesal que apuntaría a fijar plazos a los fiscales y jueces para la investigación y juzgamiento de los delitos y contemplaría sanciones para los magistrados que no cumplan esos plazos.
Las modificaciones se suman a los proyectos que el Gobierno enviará este mes a la Legislatura para reducir las competencias del Tribunal, por un lado, y para extender a todos los departamentos judiciales el sistema de condena para los delitos de flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión.
La idea del Gobierno es que la Legislatura apruebe antes de que finalice febrero esos dos proyectos y recién entonces enviar la iniciativa que promueve cambios al Código Procesal. Con ese objetivo, funcionarios del ministerio de Justicia redactaron un "borrador" para iniciar las conversaciones con los diversos sectores involucrados en el tema.
La idea central pasar por evitar que numerosos juicios duren años y que se acumulen causas sin resolver. Por caso en Casación habría cerca de 7.000 expedientes a la espera de una resolución.
Los cambios que se promoverían, y para los cuales el Gobierno busca consenso, serían básicamente dos: poner plazos, por un lado, para la investigación y la realización del juicio oral (la sentencia), y, por otro, para la definición de las apelaciones.
El anteproyecto que el Gobierno pondrá en discusión con entidades de abogados y magistrados y con legisladores, apuntaría a establecer:
*Plazo de dos años para la investigación de los casos y el dictado de sentencia (esto es, investigación y realización del juicio oral).
*Plazo de seis meses para que, una vez que reciban las causas, dictaminen los cuerpos de apelación (Casación y cámaras penales).
El "borrador" del proyecto de reforma contemplaría para ambos casos sanciones para los magistrados que no cumplan los plazos previstos.
Como se dijo, la idea del ministerio de Justicia es buscar acuerdos con los sectores directa o indirectamente involucrados, por lo que el proyecto de ley definitivo podría tener algunas variaciones con respecto a las premisas mencionadas.
CASACION Y FLAGRANCIA
El proyecto de modificación al Código Procesal recién será enviado a la Legislatura una vez que sean aprobadas las iniciativas que apuntan a reducir las competencias del Tribunal de Casación, por un lado, y a extender a todos los departamentos judiciales el sistema de condena para los delitos de flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión.
La reforma impulsada por el gobierno provincial para el Tribunal de Casación apunta a reducir el atraso que se registra en ese ámbito en la resolución de 7 mil causas que deben ser revisadas.
El proyecto de ley reforma la competencia del Tribunal, reduciendo funciones del organismo sin alterar la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y la defensa en juicio contemplada en la Constitución.
De esta manera, la competencia correccional, eximiciones de prisión, habeas corpus y toda incidencia de juicio irían a la Cámara de Apelaciones, mientras que Casación sólo atendería la revisión de sentencias de juicios orales criminales.
En tanto, el proyecto de ley para los delitos flagrantes apunta a extender a toda la Provincia el sistema que ya funciona en 11 departamentos judiciales.
El mecanismo propuesto consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.
El proyecto establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación. En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.
De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes.
En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.
CRITICAS Y APOYOS
Los proyectos impulsados por el Gobierno recibieron críticas y respaldos en la Legislatura, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría para aprobar sin sobresaltos las iniciativas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, recibió el jueves al ministro de Justicia Ricardo Casal y destacó la importancia de haber recibido los borradores de los proyectos de reforma para "tener los tiempos para ir analizándolos".
Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, el kirchnerista Roberto Ravale, destacó que la reforma impulsada por el Gobierno tiende a "fijar plazos cortos de sentencia, darle celeridad a la Justicia y a crear un ámbito específico para la defensa judicial de la víctima".
Ravale sostuvo que "a todos nos inquieta muchísimo el tema de las excarcelaciones y la superpoblación carcelaria" y agregó que "el Gobernador ha sido claro: se terminó la defensa de los delincuentes y tenemos que ir a la defensa de las víctimas. Esto no es mano dura ni mano blanda sino mano justa".
Desde la oposición, en tanto, el jefe del bloque de diputado de la UCR, Ricardo Jano, afirmó que "sin una buena policía no hay ley que mejore la seguridad" y dijo que espera que la reforma promovida "no sea un mero parche".
A pesar de que el ministro Casal aseguró que los proyectos vinculados a la Casación y a los delitos de flagrancia habían sido consensuados con todos los sectores involucrados, incluidos los bloques legislativos de la oposición, Jano se quejó de que su bancada no tiene ningún tipo de "precisión" sobre las iniciativas.
Las modificaciones se suman a los proyectos que el Gobierno enviará este mes a la Legislatura para reducir las competencias del Tribunal, por un lado, y para extender a todos los departamentos judiciales el sistema de condena para los delitos de flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión.
La idea del Gobierno es que la Legislatura apruebe antes de que finalice febrero esos dos proyectos y recién entonces enviar la iniciativa que promueve cambios al Código Procesal. Con ese objetivo, funcionarios del ministerio de Justicia redactaron un "borrador" para iniciar las conversaciones con los diversos sectores involucrados en el tema.
La idea central pasar por evitar que numerosos juicios duren años y que se acumulen causas sin resolver. Por caso en Casación habría cerca de 7.000 expedientes a la espera de una resolución.
Los cambios que se promoverían, y para los cuales el Gobierno busca consenso, serían básicamente dos: poner plazos, por un lado, para la investigación y la realización del juicio oral (la sentencia), y, por otro, para la definición de las apelaciones.
El anteproyecto que el Gobierno pondrá en discusión con entidades de abogados y magistrados y con legisladores, apuntaría a establecer:
*Plazo de dos años para la investigación de los casos y el dictado de sentencia (esto es, investigación y realización del juicio oral).
*Plazo de seis meses para que, una vez que reciban las causas, dictaminen los cuerpos de apelación (Casación y cámaras penales).
El "borrador" del proyecto de reforma contemplaría para ambos casos sanciones para los magistrados que no cumplan los plazos previstos.
Como se dijo, la idea del ministerio de Justicia es buscar acuerdos con los sectores directa o indirectamente involucrados, por lo que el proyecto de ley definitivo podría tener algunas variaciones con respecto a las premisas mencionadas.
CASACION Y FLAGRANCIA
El proyecto de modificación al Código Procesal recién será enviado a la Legislatura una vez que sean aprobadas las iniciativas que apuntan a reducir las competencias del Tribunal de Casación, por un lado, y a extender a todos los departamentos judiciales el sistema de condena para los delitos de flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión.
La reforma impulsada por el gobierno provincial para el Tribunal de Casación apunta a reducir el atraso que se registra en ese ámbito en la resolución de 7 mil causas que deben ser revisadas.
El proyecto de ley reforma la competencia del Tribunal, reduciendo funciones del organismo sin alterar la doble vía recursiva que sostienen los tratados internacionales y la defensa en juicio contemplada en la Constitución.
De esta manera, la competencia correccional, eximiciones de prisión, habeas corpus y toda incidencia de juicio irían a la Cámara de Apelaciones, mientras que Casación sólo atendería la revisión de sentencias de juicios orales criminales.
En tanto, el proyecto de ley para los delitos flagrantes apunta a extender a toda la Provincia el sistema que ya funciona en 11 departamentos judiciales.
El mecanismo propuesto consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.
El proyecto establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación. En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.
De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes.
En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.
CRITICAS Y APOYOS
Los proyectos impulsados por el Gobierno recibieron críticas y respaldos en la Legislatura, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría para aprobar sin sobresaltos las iniciativas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, recibió el jueves al ministro de Justicia Ricardo Casal y destacó la importancia de haber recibido los borradores de los proyectos de reforma para "tener los tiempos para ir analizándolos".
Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, el kirchnerista Roberto Ravale, destacó que la reforma impulsada por el Gobierno tiende a "fijar plazos cortos de sentencia, darle celeridad a la Justicia y a crear un ámbito específico para la defensa judicial de la víctima".
Ravale sostuvo que "a todos nos inquieta muchísimo el tema de las excarcelaciones y la superpoblación carcelaria" y agregó que "el Gobernador ha sido claro: se terminó la defensa de los delincuentes y tenemos que ir a la defensa de las víctimas. Esto no es mano dura ni mano blanda sino mano justa".
Desde la oposición, en tanto, el jefe del bloque de diputado de la UCR, Ricardo Jano, afirmó que "sin una buena policía no hay ley que mejore la seguridad" y dijo que espera que la reforma promovida "no sea un mero parche".
A pesar de que el ministro Casal aseguró que los proyectos vinculados a la Casación y a los delitos de flagrancia habían sido consensuados con todos los sectores involucrados, incluidos los bloques legislativos de la oposición, Jano se quejó de que su bancada no tiene ningún tipo de "precisión" sobre las iniciativas.
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