Versiones de cambios y dudas en la Defensoría del Pueblo

El gobernador Daniel Scioli le tomó juramento y puso en funciones la semana pasada al Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto. Se cumplió así el primer paso formal en dirección a que el organismo creado en la reforma constitucional de 1994 pueda comenzar a funcionar a la brevedad. Pero por estos días, algunos nubarrones acechan la conformación de la estructura de la Defensoría.

Según trascendió, habrían surgido diversas dudas sobre quiénes secundarán al ex diputado provincial en su nueva labor como ómbudsman de la Provincia.

La historia que por estos días transita un camino turbulento, se inició cuando la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados, excepto la Coalición Cívica, acordó postular a Bonicatto. El ex legislador platense fue propuesto por el Frente para la Victoria, que se quedó así con un espacio que en algún momento ambicionó el radicalismo.

Pero el peronismo reconoció ese gesto y aceptó que tanto la UCR como Unión Pro y el GEN, aportaran nombres para ocupar las secretarías temáticas que tendrá la Defensoría. El acuerdo llegó y, finalmente, fueron nominados tres ex legisladores provinciales para secundar a Bonicatto.

Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular versiones de una posible marcha atrás con los laderos del ex diputado platense. Al menos, con dos de ellos.

¿INCOMPATIBILIDAD?

Quienes tienen el aval para ser designados por Bonicatto a cargo de las secretarías son el radical Marcelo Honores, el dirigente del Pro, Sergio Nahabetián, y el "margarito" Gustavo Ferrari.

Los tres son ex legisladores, pero con una diferencia: Honores y Nahabetián concluyeron su mandato en diciembre pasado y participaron en la votación de la ley que estableció el funcionamiento y la creación de la estructura de la Defensoría del Pueblo. Ferrari, en cambio, había terminado su mandato en diciembre de 2007, aunque fue uno de los más fervientes impulsores de la puesta en marcha de este organismo de raigambre constitucional.

En el texto constitucional está, justamente, el problema. Allí se establece que los legisladores que participaron durante su mandato en la creación de algún organismo, no podrán luego incorporarse a esa estructura.

En efecto, el artículo 89 de la Constitución bonaerense establece que "ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado".

De acuerdo a algunas interpretaciones que se hacen por estas horas y que han puesto en vilo a varios dirigentes, esa supuesta incompatibilidad alcanzaría a Honores y a Nahabetián. En el caso de Bonicatto, también legislador cuando se aprobó la ley, podría no estar comprendido ya que, en rigor, el cargo de Defensor está creado por la propia Constitución.

La discusión podría desanudar los acuerdos que el oficialismo tejió con la oposición legislativa cuando se propuso a Bonicatto. Y podría obligar, de mínima, a radicales y macristas a cambiar los candidatos que, cabe acotar, todavía no asumieron el cargo.