Tensión por el autoacuartelamiento de un grupo de policías bonaerenses

Unos 150 efectivos de la División de Infantería de la Policía bonaerense se autoacuartelaron ayer durante unas 12 horas en la sede de esa dependencia de nuestra ciudad, para reclamar la reincorporación inmediata de seis miembros de la fuerza que fueron desafectados por orden del gobernador Daniel Scioli tras participar en un violento choque con militantes de la agrupación La Cámpora.

La protesta, que generó un fuerte estado de tensión política y amenazó con extenderse a otros sectores de la fuerza, fue acompañada por familiares de policías heridos y desplazados, agentes de comisarías y de otros cuerpos de la Bonaerense, que se trasladaron hasta el patio central de la sede de Infantería, ubicada en la calle 1 y 60.

Aunque inicialmente la medida de fuerza -un virtual autoacuartelamiento- se disparó por la situación de los seis efectivos desafectados por los incidentes ocurridos en la Legislatura el lunes pasado, la protesta sumó con el correr de las horas una larga serie de reclamos, que fueron desde el nivel de salarios, las condiciones laborales y la estado de "indefensión" que dicen sufrir los uniformados en su actuación en este tipo de conflictos.

PICOS DE TENSION

Tras la refriega, el gobierno provincial anunció la desafectación de seis efectivos de Infantería que participaron del operativo de seguridad desplegado en la Legislatura para el acto de jura de Daniel Scioli ante la Asamblea Legislativa.

Los agentes dicen haber recibido una orden política de impedir el acceso de una columna de La Cámpora a los palcos superiores del recinto de Diputados, donde se encontraban los militantes del sciolismo (ver aparte). El operativo terminó en un violento cruce con jóvenes de esa agrupación kirchnerista, dos de los cuales sufrieron heridas y debieron ser hospitalizados.

Ayer el conflicto comenzó pasadas las 7, cuando un grupo de unos cien policías de Infantería se concentró en el playón del edificio. Y recién logró desactivarse pasadas las 19, luego de que los efectivos consiguieran una "garantía" por parte de las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad de que los procesos internos contra los desplazados se realizarían con celeridad y que no se tomarían represalias contra los acuartelados.

Con el correr de las horas, la protesta fue ganando en tensión en medio de versiones que circularon entre los uniformados que aseguraban que la medida estaba siendo replicada en comisarías y dependencias policiales de otros puntos de la Provincia, y que agentes de departamentales del Conurbano se estaban trasladando a La Plata para expresar su solidaridad.

En concreto, sólo un pequeño grupo de efectivos de Berisso, Ensenada y Quilmes se hicieron presentes para acompañar la protesta, igual que organizaciones como la Asociación de Policías Heridos y Desamparados (Apohede) y familiares.

La tensión también se instaló a partir de las versiones sobre la presunta llegada de efectivos de Gendarmería que, según los comentarios que circulaban entre los uniformados, arribarían al playón de Infantería para terminar con el acuartelamiento.

La protesta recién logró descomprimirse cuando los seis policías desafectados pidieron a sus compañeros del cuerpo de Infantería, a los familiares y al resto de los uniformados que se concentraron, que abandonaran el playón. Fue tras la reunión que mantuvieron con el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, los subsecretarios de Política Criminal, César Albarracín, y Operativo, Emiliano Baloira, y de la que también participaron el juez de Garantías platense César Melazo y el fiscal interviniente Tomás Morán.

Según afirmaron los uniformados, hoy por la mañana les tomarán declaración ante el departamento de Asuntos Internos de la fuerza y esperan la reincorporación inmediata.

Con todo, el compromiso no logró desactivar inmediatamente la protesta. Durante más de una hora, los seis infantes desplazados debieron entablar negociaciones con un grupo más radicalizado de uniformados que querían aprovechar el estado de acuartelamiento, para plantear otra serie de reclamos y para conseguir un compromiso "por escrito" de que no se tomarían medidas disciplinarias contra quienes participaron de los reclamos.

DESENLACE

"Sanciones no va a haber para nadie. Vamos a pedir a nuestros compañeros que se revea esto y que demos un paso para que esta situación se esclarezca", dijo el capitán Walter Revoredo, uno de los efectivos separados el lunes pasado.

En medio de la protesta, el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, salió a anunciar que le había garantizado a los policías imputados "celeridad" en la investigación por los incidentes y que no habría "arbitrariedades".