Una cosa es que un derecho exista, otra -muy distinta- que el beneficiario pueda hacerlo valer. Más aún si pertenece a un sector vulnerable de la población. Esa distancia entre la letra y los hechos llevó a la secretaría de Extensión de la facultad de Derecho de la UNLP a crear el proyecto de extensión “Facilitadores jurídicos de inclusión”.

¿En qué consiste? “Las situaciones de injusticia económica, social y cultural, derivadas en su mayoría de la ausencia o deficiencia de ciertas políticas públicas, afectan a personas y grupos que habitualmente llamamos ‘vulnerables’, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, personas con padecimientos mentales, adultos mayores”, explica la directora del programa, Cristina Tabolaro, y sentencia: “Más que gente vulnerable, se trata de gente con derechos vulnerados. Y la brecha entre los derechos proclamados y el efectivo ejercicio de los mismos por parte de los ciudadanos y de las organizaciones comunitarias y sociales es el más certero indicador de exclusión”.

En ese marco, el objetivo es “formar estudiantes que sean agentes de un cambio social y cultural, y graduar profesionales capaces de identificar y transformar las situaciones de injusticia”.

¿Es decir que actuarán sobre el terreno? “Exactamente”, dice la abogada, y especifica que “nos proponemos que los facilitadores jurídicos de inclusión adquieran el conocimiento de los sistemas de protección de derechos, de las competencias, circuitos y procedimientos administrativos, para orientar y acompañar a las personas y grupos ante la administración pública, a fin de que puedan acceder a las políticas, programas, servicios, prestaciones. Y también para remover los obstáculos en caso de que ese acceso se vea impedido o dificultado”, indica.

Pone un ejemplo. “Si una niña hipoacúsica no accede al audífono o al tratamiento necesario, podremos decir que está en la escuela, pero nunca hablar de su inclusión educativa”.