Los entretelones del increíble robo a la Caja de Psicólogos de la Provincia

No hubo que disparar un solo tiro. No fue necesario usar la violencia ni tampoco se recurrió a un trabajoso boquete para llegar al botín. Con astucia y planificación, casi como en una película de Sean Connery, los 442.250 dólares que había en la bóveda de seguridad desaparecieron un día y nunca más se volvieron a ver. A casi nueve años de que se conociera el robo del dinero que pertenecía a la Caja de Psicólogos de la Provincia y luego de un proceso judicial que llegó a tener cinco imputados, tres fiscales, tres jueces de Cámara y un juez de Garantías., el cinematográfico caso quedó con un único acusado que, para evitar llegar a juicio, ofreció ahora realizar tareas comunitarias y cumplir así su pena.

el origen

La historia de esta trama comenzó a escribirse el 22 de agosto de 2003. Ese día, el presidente de la Caja, José Molina, y el tesorero, Jorge Reartes, fueron hasta la sucursal 19 del banco Credicop -en 5 y diagonal 80- a retirar el dinero que habían guardado en un box de seguridad. Entraron con llave propia, acompañados por un empleado que tenía el otro juego, pero no encontraron un centavo. En la caja de seguridad 273 sólo quedaban documentos y papeles. Los directivos pidieron explicaciones al gerente y la respuesta fue inmediata: “El 20 de marzo -les dijo-, un hombre que firmó como Reartes estuvo en la bóveda. Acá está el registro de ese movimiento”.

Molina y Reartes aseguraron que el 8 de enero habían dejado 442.250 dólares (en billetes de 100 y 50) y desde ese día no habían vuelto a la filial. “Fue una falsificación”, declaró el tesorero en la comisaría 1ª.

Para acceder al sector de los boxes, se explicó, los clientes tenían que ser registrados, firmar y, recién ahí, ser acompañados hasta las cajas. Y para abrir el lugar en donde estaba el dinero se necesitaban dos llaves, una que estaba en poder de la sucursal bancaria y la otra que tenía el cliente. Para los investigadores, estaba claro que hubo controles que llamativamente no funcionaron.

En aquellos días, el caso conmovió a la opinión pública y, luego de una investigación que incluyó cruces de llamadas telefónicas, pericias caligráficas, videos de seguridad y hasta un trabajo de inteligencia en un pueblo del interior bonaerense, de donde provenían algunos de los acusados, el entonces fiscal Alejandro Villordo dictaminó cómo se llevaron el dinero y quiénes fueron los autores.

A partir de allí, con fundadas sospechas sobre quiénes fueron los responsables del ilícito, tomó la posta el fiscal Leandro Heredia, quien entendió que se trató de un hecho de hurto y fraude.

Luego fue el turno de la fiscal Ana Medina, quien, con algunas diferencias en cuanto al encuadre legal y sobre quienes participaron del millonario robo, concluyó en 2010 que la causa debía ser ventilada en audiencia oral y pública por un tribunal en lo criminal de nuestra ciudad.

quienes fueron

En el pedido de juicio la fiscal dio por acreditado que el 20 de marzo de 2003, al mediodía, “cuanto menos una persona ingresó al Credicoop, y contando con la connivencia de otro hombre, empleado de esa entidad, lograron acceder a la caja de seguridad y se apoderaron del dinero”.

Para eso, según su investigación, se utilizó una llave robada de la Caja de Psicólogos por un empleado de esa entidad.

El empleado infiel señalado por la investigación fue Juan Manuel Vilches, quien cumplía tareas administrativas en la tesorería de la Caja y, por esa función, tenía acceso a la caja donde se guardaban las dos llaves de la caja de seguridad 273. Pero no era lo único: también “mantenía una relación de noviazgo con la empleada Paula Boero (sobreseída), encargada de la parte financiera de la citada institución y que estaba al tanto del movimiento de las cuentas bancarias”, dijeron las fuentes en su momento.

La doctora Medina también procesó a Reartes por encontrarlo cómplice de la maniobra y remarcó que el imputado Horacio Daniel González habría sido el empleado del banco que permitió el acceso a la caja de seguridad y luego no cumplió con los controles de rigor para ocultar el robo.

La hipótesis fue que González dejó ingresar a Vilches a la zona de las cajas sabiendo que no tenía permiso para ello y, para cubrirse, falsificó la firma del entonces tesorero Reartes.

“La sucesión de irregularidades en que incurrió González (…) permiten afirmar que su accionar aparece como doloso”, detalló la fiscal en su escrito.

Pero no sólo acusó a esos individuos: también imputó como encubridores a Hugo Vilches, padre del empleado de la Caja de Psicólogos, y a su amigo Juan Antonio Banegas, un vecino de General Alvear que también recibió parte del dinero robado. Según se desprende de la causa Vilches entregó el botín a su padre y a su amigo, quienes, sabiendo el “origen ilícito” del dinero, comenzaron a gastarlo.

Las pruebas que la fiscalía tomó fueron testimoniales y documentales, de donde se desprende que estos dos estuvieron en La Plata para la fecha del hecho y que luego incrementaron notoriamente su patrimonio, sin relación con su ingresos habituales.

En este punto el relato toma dimensiones de fábula, porque a los pocos días de que se cometiera el robo (para abril de 2003, casi cuatro meses antes de que fuera descubierto) Vilches padre y su amigo Antonio se cansaron de demostrarle a todo el mundo en General Alvear que su suerte había cambiado y, sin dar mayores detalles, que la diosa fortuna había golpeado a sus puertas.

El primero compró autos 0Km., caballos de carrera; estuvo en hoteles de lujo, adquirió ropa costosísima y, aún siendo un vecino muy conocido de aquella localidad, decidió desaparecer del mapa una vez que la historia del robo tomó estado público.

Lo mismo ocurrió con Banegas, que en ese entonces compró un auto de casi 10.000 dólares, luego de que su amigo Vilches le comprara el suyo a 7 mil.

Para la fiscal Medina se estuvo en presencia de un “notorio e injustificado incremento patrimonial y del nivel de vida de (Juan Antonio) Vilches” en una época “concordante” con el robo, sin que se conociera su “fuentes de ingreso ni trabajo fijo”.

La fiscal pudo comprobar, tecnología mediante, que estos sospechosos llegaron a la ciudad de La Plata el día del hecho y minutos después del mediodía de aquel 20 de marzo, emprendieron viaje hacia capital federal, donde comenzaron a gastar el dinero. Para llegar a esa hipótesis se valió de una serie de entrecruzamientos de llamadas telefónicas y apertura de celdas en antenas de telefonía celular.

Otras pruebas tomadas por la fiscalía fueron las propias contradicciones que surgieron de la declaración brindada por el cajero del Credicoop, Horacio González. Este dijo que vio a Reartes llevarse el dinero y reconoció haber verificado la operación de la caja de seguridad y el libro de acceso a las mismas. Sobre eso, el fiscal que inició la investigación consideró que el cajero reconoció que era la primera vez que veía a Reartes y que “por ello debió extremar los recaudos, más aún teniendo en cuenta que la jefa operativa del Banco dijo que a simple vista la firma del libro de acceso no pertenecía a Reartes”, dejando así al descubierto que los dichos del cajero eran “mendaces y que franqueó el ingreso a la caja de seguridad” a las personas que se llevaron el dinero.

Ese fiscal entendió que no hubo negligencia del cajero sino un accionar doloso.

fuera de tiempo

A nueve años de cometida la maniobra que derivo en la desaparición de casi medio millón de dólares, apenas uno sólo de los imputados arribó a la instancia del juicio. Es Juan Manuel Vilches, por quien su defensa acaba de acordar con el nuevo fiscal Rubén Sarlo una probation. El resto no llegó no porque se demostrara su inocencia o por falta de pruebas, sino por el paso del tiempo. La causa prescribió porque cada tipificación penal tiene términos fatales para la instrucción o investigación. Y porque la calificación que quedó ahora en el expediente -hurto calificado y estafas- a los seis años ya estaba prescripta.

Sin el dinero y ahora sin condenados, desde la Caja de Psicólogos de la Provincia difundieron esta semana una solicitada en la que mostraron su descontento con la resolución judicial de permitir que el único imputado pueda suspender el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias. “Quien resultara procesado -se quejaron los psicólogos- terminará cortando gasas en un hospital público, o realizando alguna otra actividad solidaria, mientras que la institución que representamos, (...) no puede obtener un debido esclarecimiento”.

Al tanto de esta queja, el propio fiscal Sarlo comentó que ”tal vez pueda ser entendible el enojo de los profesionales, pero ellos tienen que saber que se actúa conforme a derecho. Yo no acordé nada con los jueces, como dicen en la solicitada. El arreglo es con la defensa y el imputado, como marca la ley”.

En esa misma línea se encuadra la mirada de Darío Saldaño, el abogado que defiende a Vilches. “Lo que pedimos no es un capricho ni nada insólito -dijo-.Vilches pide lo que por derecho le corresponde. Puede no gustarle a mucha gente, pero es la ley. En todo caso, creo que la Caja tiene que hacer un mea culpa, porque sus autoridades jamás hicieron un sumario interno como requería la investigación y sus abogados jamás ayudaron a esclarecer la responsabilidad que tuvo Reartes en todo esto. Prefirieron apuntarle a Vilches, que era un simple administrativo. ¿Por qué? Muy simple: si efectivamente se demostraba la culpabilidad de Reartes, ellos no podrían aspirar jamás a cobrar el seguro. Ellos fueron desprolijos y no quieren hacerse cargo”.

Como se dijo, los investigadores también dudaron en su momento de la actuación de Reartes. El tesorero era quien tenía acceso a una de las llaves para abrir la caja. Pero el directivo ofreció una coartada incontrastable: ese 20 de marzo de 2003 estuvo en la filial de Lomas de Zamora de la entidad que nuclea a los psicólogos. Pasó por ese edificio a las 12,15, según un registro fílmico que presentó a la Justicia. Y el hurto ocurrió a las 12,36 de acuerdo con el acta que quedó en el archivo del banco.

Consultadas por este diario, las autoridades de la Caja prefirieron no opinar y dijeron que, por tratarse de “cuestiones legales muy técnicas”, la única declaración sobre la causa sería a través de la solicitada difundida en los últimos días.

“No creo que haya sido el golpe perfecto porque pudo ser esclarecido y, al margen de las responsabilidades de cada uno, se determinó quiénes fueron los culpables -dice Saldaño-. Sucede que la causa prescribió y es lógico que no haya condenados”.

Opiniones al margen, lo cierto es que los fondos que desaparecieron de las arcas del banco pertenecían a cientos de profesionales bonaerenses que lo habían depositado para su jubilación. Casi medio millón de dólares, una suma que unos pocos consiguieron sin mayor esfuerzo que un plan bien pensado y que, mientras la causa se fue desvaneciendo con el correr de los años, se ocuparon de gastar y hacer desaparecer. Peso a peso. Sin culpa. Sin condena.