Tras largo conflicto, cierran un acuerdo salarial con judiciales

El gremio judicial aceptó ayer por mayoría la propuesta de aumento salarial de la Provincia que eleva hasta un 35% el ingreso mínimo de los trabajadores del sector.

La decisión fue adoptada ayer por 10 de las 18 Departamentales, con lo que el Ejecutivo cerró el último conflicto salarial de peso en la administración pública.

La oferta oscila entre el 31,5 y 35 por ciento según las categorías, a pagar en marzo y agosto.

A partir de la aceptación, la Asociación Judicial Bonaerense dispuso dejar sin efecto el paro de actividades previsto para hoy.

COMO ES LA OFERTA

La oferta del Ejecutivo contempla un aumento del 35 por ciento en dos cuotas para las categorías más bajas que se integra con un incremento al básico del 30 por ciento (22 retroactivo a marzo y 8 en agosto) más una bonificación especial del 5 por ciento –también a pagarse en dos veces- que el sector cobra desde el año pasado.

Para las categorías intermedias el aumento del básico llegará al 29 (20 en marzo y 9 en agosto) y para las más altas al 26,5 (18 en marzo y 8,5 en agosto), cifras a los que hay que sumar los cinco puntos de la bonificación especial que redondeará aumentos del 34 y 31,5 por ciento en uno y otro caso.

Fuentes gremiales indicaron que a raíz de la decisión mayoritaria de los afiliados, se resolvió suspender el paro y movilización convocados para hoy.

Si bien la aceptación del gremio es un hecho, queda pendiente un detalle: la impugnación surgida en la Departamental San Isidro, que votó en favor de aceptar la oferta salarial.

Por esa causa, el gremio informó que la aceptación “tiene carácter provisorio” hasta tanto se resuelva el conflicto en la mencionada delegación. De todas formas se descuenta que el conflicto quedó superado.

OTROS RECLAMOS

En tanto, la Provincia afronta todavía algunos focos de conflicto en otras áreas de la administración central.

Uno de los focos se registra en el ministerio de Infraestructura, donde el gremio Aemopba viene ocupando la sede del organismo en calle 7, en reclamo del pago de una bonificación para el sector, en el marco de una negociación que parecía avanzar pero que finalmente se estancó.

También permanece abierta la discusión salarial en el Registro de la Propiedad, donde los empleados reclaman mejoras salariales más allá de las dispuestas por la Provincia para la administración central.

Esta medida tiene virtualmente paralizada las escrituraciones de inmuebles y otros trámites que se realizan ante ese organismo.