Intervienen la Fundación de Grassi tras el escándalo

El gobierno bonaerense dispuso ayer la intervención de la Fundación Felices los Niños luego de que se conociera un informe donde se aseguró que el sacerdote Julio César Grassi desviaba donaciones a la cárcel de Campana, donde está detenido por abuso sexual.

La administración de Daniel Scioli ordenó además al ministerio de Justicia que realice una “profunda investigación en la Unidad Penal 41 de Campana para determinar las responsabilidades sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones”.

Fuentes judiciales manifestaron que hay dos causas abiertas: la fiscal de Morón Lisa Bonini analiza la documentación y computadoras secuestradas antenoche en los allanamientos en la sede de la Fundación, en Hurlingham, y en la quinta La Blanquita, donde residía el cura antes de ser detenido; mientras que una fiscalía de Zárate tomó intervención por lo ocurrido en el penal de Campana.

El Gobernador dispuso también que todos los funcionarios allegados al tema se acercaran a la sede de la Fundación, donde viven 65 menores de edad y asisten otros 2.000, para brindar “la mayor colaboración” al director de hogares de la institución, Juan Manuel Casolati, denunciante en esta nueva causa.

Allí fueron el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro; el subsecretario de Justicia, César Albarracín; y la jefa del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, quien remarcó que el penal de Campana es “de máxima seguridad” y se está investigando si el sacerdote tenía privilegios.

Al respecto, distintas voces políticas de la oposición salieron a pedir la cabeza de los responsables del Servicio Penitenciario bonaerense. La decisión de intervenir la Fundación se tomó ayer a raíz de la difusión anoche del caso en el programa “Periodismo Para Todos”, de Canal 13, donde se mostró que personas allegadas a Grassi habrían desviado donaciones recibidas en esa entidad y destinadas a los niños.

El destino de esos desvíos era la unidad 41 de Campana, donde Grassi cumple desde setiembre pasado la condena a 15 años de prisión impuesta en el 2009 por haber abusado de un menor de edad al que debía cuidar.

Casolati, secretario de ejecución penal de la Defensoría General del partido de San Martín, quien quedó a cargo de la fundación desde que el sacerdote fue detenido, reportó al programa de televisión que cuando se hizo cargo de la entidad encontró 2.000 kilos de comida en mal estado, que pese a estar vencidas Grassi habría ordenado a sus colaboradores dársela a los niños.

El informe periodístico también mostró con una cámara oculta a Grassi en las instalaciones del penal, usando celulares y teniendo acceso a computadoras, algo prohibido para cualquier preso. En la celda, además, tenía un televisor Led de 21 pulgadas, un frigobar y un caloventor, mientras que se lo acusa de haber hecho llegar al penal una veintena de colchones que pertenecían a la Fundación.

Casolati ratificó esas denuncias y afirmó que “Grassi no lo hace para proteger a los presos, lo hace para tener privilegios. Ayer lo requisaron y tenía tres celulares y 5 mil pesos. Los usa para delinquir”.