Se inicia un año cargado de interrogantes

Los últimos datos del Indec, revelados el lunes pasado dejó algunas consideraciones muy firmes. La primera es el reconocimiento oficial que la economía cayó en forma profunda. Y el segundo es que la falta de dólares, debido a un débil saldo comercial se presenta como un serio problema para la recuperación de la actividad.

Es en este contexto, donde distintos observadores señalan que es vital un acuerdo con los fondos buitre, no sólo para despejar el frente externo, sino también para aceitar la recuperación de una economía cuyo flujo de dólares se estancó debido al creciente deterioro de las exportaciones. (ver gráfico).

Así, aunque ya se ha vencido la cláusula Rufo, que da riendas sueltas al Gobierno para poder negociar con los buitres, no se descarta que la situación se prolongue, en especial después de diversas declaraciones de distintos responsables, entre ellos el propio Kicillof que virtualmente descartó un inminente arreglo negociado, en un año de fuertes vencimiento para octubre y donde el tema del default de algunos títulos sigue atentando contra la llegada de inversiones, que por otra parte también se han visto deteriorados.

RETROCESOS

Según un informe de Management & Fit, los números muestran retrocesos en varios frentes: caída del nivel de actividad, mitad de la población con ingresos inferiores a $5.000 mensuales e incremento de la deuda. Estas cuestiones eran descontadas desde el ámbito privado, pero las cifras oficiales confirman que el 2014 ha sido un año para el olvido. En este contexto, la caída del consumo privado es un factor clave en la economía del 2014. Habiéndose comportado como la “locomotora” del crecimiento por más de una década, el consumo se contrajo este año. De acuerdo a datos oficiales, las ventas en shoppings acumulan una caída real (descontando la inflación del Congreso) de 5% anual a noviembre. El desempeño en mercados de bienes durables (automóviles) o semidurables (electrodomésticos) fue incluso peor.

El freno del consumo se debió a varias cuestiones. Por un lado, la aceleración inflacionaria (disparada por la devaluación de enero) erosionó el poder de compra de las familias, ya que terminó superando a la mayoría de los acuerdos salariales (variaron entre 28-39% anual según el ministerio de Trabajo), la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (33%) y el incremento automático de las jubilaciones (30%). Ello limitó la capacidad de consumo, efecto amplificado por la destrucción de puestos de trabajo. Por otro lado, la incertidumbre respecto al futuro del mercado laboral, combinado con las derivaciones del default y las tensiones cambiarias, deterioraron las expectativas de los consumidores.