El nuevo socio oriental y los dilemas que abre

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Los acuerdos firmados por el Gobierno con la República Popular China, convertidos ayer en ley por el Congreso de la Nación, generan una controversia que divide aguas entre aquellos que sostienen que los convenios abren una puerta para el desarrollo nacional -con la ayuda de fuertes inversiones prometidas por el gigante asiático- y quienes advierten que, en realidad, implican una sentencia que condena a la Argentina a un rol de mero productor primario.

No se trata, por cierto, de una discusión menor para el país, ya que China es una de las principales potencias globales y la asociación estratégica con el régimen de Beijing implica una proyección política y económica a largo plazo, con las consecuencias geopolíticas que el pacto puede acarrear.

Por caso, prevé la instalación de una base china de observación del espacio lejano sobre 200 hectáreas de la provincia de Neuquén durante los próximos 50 años.

La base, cuya construcción comenzó en agosto de 2014 pese a que el Congreso todavía no había aprobado el acuerdo bilateral, estará dirigida por una agencia gubernamental china que es controlada por el Ejército. Por ende, se estima que sus objetivos no se limitarán a la exploración científica sino que avanzarán sobre estudios militares de las telecomunicaciones en esta región del mundo. Y las dudas se agrandan por la falta de transparencia del acuerdo.

Los especialistas coinciden en señalar que China suele aplicar cláusulas de confidencialidad en los acuerdos que hace con distintos países en todo el mundo. El bloque oficialista de diputados defendió ayer la instalación de la base y destacó que en la Argentina existe una experiencia similar en el departamento mendocino de Malargüe, donde funciona una estación espacial de la Comunidad Europea. En ese caso, su trabajo se limita al campo científico.

EL INTERCAMBIO COMERCIAL

Aunque el debate más acuciante en torno a los acuerdos firmados por la Casa Rosada con China está centrado en la desigualdad del intercambio comercial. La propia presidenta Cristina Kirchner lo reconoció al afirmar en su reciente visita a Beijing que se estableció una hoja de ruta tendiente al equilibrio en los próximos cinco años. Pero el punto de partida es algo desventajoso para el país: el déficit comercial trepó a 5.789 millones de dólares en 2014.

La mayoría de las voces críticas del acuerdo llama la atención, además, sobre el contexto económico interno en el que fue firmado, dominado por una marcada restricción externa. Es decir, por la falta de dólares que se requieren para el funcionamiento de la economía.

De hecho, el entendimiento favoreció a las reservas del Banco Central con 11.000 millones de dólares (en rigor, su equivalente en yuanes), fortaleciéndolas en un momento complicado.

También, promovió la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, en la Patagonia argentina, obras que son consideradas clave por la Presidenta y que se habían quedado sin financiamiento debido los problemas que se registran para el pago de la deuda externa.

Se trata de grandes emprendimientos que el Gobierno se está garantizando para el próximo quinquenio, aún cuando el mandato de Cristina Kirchner concluya el 10 de diciembre.

Además del ministro de Economía Axel Kicillof -quien el año pasado envió a negociar a un funcionario ministerial durante meses- uno de los defensores más vehementes de los acuerdos con China es Julio de Vido.

“Viven en Marte los que suponen que podemos traer una invasión china para poner siquiera un ladrillo. Pero obviamente, algún técnico va a venir. Nosotros hemos contratado alemanes para Atucha y nadie los contó”, rezongó el jefe de Planificación.

Los diputados y senadores de la oposición piensan de otra manera. Tanto en la Cámara alta como en la baja alertaron que el peligro de que ingresen oleadas de mano de obra china como sucedió en países africanos que se acogieron a acuerdos similares. En ese sentido, indicaron que en ese continente hay actualmente unos 300.000 operarios y técnicos chinos, dedicados especialmente a los rubros estratégicos de la extracción: la minería y la agroindustria.

Esos dos sectores son, justamente, el punto débil de la economía china, que necesita de esos recursos con los que no cuenta para fogonear los motores de un crecimiento sostenido.

El fenómeno de la “sojización” argentina es una prueba de ello, ya que se abasteció al gigante asiático de una parte de los porotos de soja que utilizaba para alentar su propia cadena agroindustrial. Los efectos económicos de ese intercambio ya son conocidos en el país.

LA INVASION ORIENTAL

Pero los reparos -que se agrandan ahora por el convenio- son puestos, sobre todo, por las cámaras industriales, que observan con preocupación que los productos manufacturados chinos invadan el mercado interno y destruyan la sustitución de importaciones.

La UIA tuvo una reunión con el Gobierno pero no accedió a la “letra chica” del acuerdo. Y el encuentro concluyó con la promesa oficial de seguir hablando, pero el diálogo se interrumpió.

En términos jurídicos, no faltan los que advierten que el tratado puede ser considerado nulo porque habilita la “adjudicación directa” de obras. En el campo diplomático, la controversia disparó dudas en la embajada china, que en pocos meses deberá tratar con otro gobierno.

Con todo, la parábola kirchnerista en el poder se inauguró con una negativa al ALCA propuesto por los Estados Unidos y concluye con el acercamiento a Beijing.

Paradójicamente, la Casa Rosada no pudo evitar que en medio del debate se invocara una línea de continuidad entre este acuerdo y el pacto Roca-Runciman -firmado entre los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña en 1933- como el ejemplo histórico más emblemático de una política “antinacional”, del mismo orden que las privatizaciones de la menemista década del ´90.