España: juicio al Partido Popular por corrupción

Se acusa a la fuerza política gobernante de haber financiado la reforma de su sede con donaciones no declaradas

MADRID.- Un juez de la Audiencia Nacional de España inició ayer un juicio contra el gobernante Partido Popular (PP, conservador) por la supuesta existencia de una “caja B” o contabilidad paralela, y fijó una fianza de 1,2 millones de euros que deberá pagar en 10 días.

El magistrado José de la Mata resolvió enjuiciar a los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro de Lapuerta, y al ex gerente Cristóbal Páez como integrantes en organización criminal por la “caja B”. Asimismo, consideró al partido del primer ministro Mariano Rajoy como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de su sede.

En el auto de apertura de juicio oral, de 102 páginas y notificado ayer, el juez sentó en el banquillo de los acusados como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica, un estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede central del PP en Madrid. A esa empresa le reclama también una fianza de 4,5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad de documentos comerciales y delitos de evasión fiscal.

De la Mata acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, De Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral. Los cargos se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública (evasión fiscal) que también les atribuye la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Antonio Romeral pide para los dos ex tesoreros cinco años de cárcel y 18 meses para Páez.

Según relata el juez en el auto de procesamiento, “la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportes efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”.

Parte del dinero que el PP recibía en efectivo de parte de los donantes “era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación, habiendo previamente fraccionado el monto total de los mismos”, metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.

El magistrado apunta que las donaciones eludían el control del Tribunal de Cuentas.

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