Veinticinco empleados públicos durante el kirchnerismo del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación fueron procesados y embargados por la supuesta apropiación de 50 millones de pesos donados por la ONU para el desarrollo.
Fuentes judiciales informaron ayer que el juez federal Claudio Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos de “defraudación contra la administración pública” y “lavado de activos”, a la vez que dispuso embargos de dinero más bienes y, para algunos, hasta prohibiciones de salir del país.
La lista de encausados está encabezada por los ex ejecutores dentro del ministerio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, más otros 22 ex empleados de la cartera en la época en que la dirigía Florencio Randazzo.
El propio Randazzo había radicado la denuncia penal en 2013, a partir de dos auditorías, una dispuesta por el PNUD y la otra por el Ministerio, lo cual dio origen a esta causa penal.
Los procesados se desempeñaban en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), que tenía acceso a cuentas bancarias, cuyos fondos debían ir destinados a planes de modernización del Registro de las Personas, Archivo General y la Agencia de Seguridad Vial de la Nación.
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