Si bien los sindicatos presionan para lograr incrementos en las remuneraciones de los asalariados registrados, lo cierto es que estas políticas profundizan la pobreza.
Al menos esto señala un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), donde destaca que ello se debe a que esos beneficios aumentan los costos laborales impactando sobre los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, mientras que la mayoría de las familias pobres no reciben los beneficios porque sus ingresos se generan en el trabajo informal.
Los planteos toman como base los datos recientemente publicados por el INDEC que señalan que el 32% las personas son pobres. Pero las estadísticas oficiales también muestran que la pobreza está fuertemente asociada al trabajo informal o a la falta de trabajo, ya sea manifestada en desempleo abierto o inactividad laboral (desempleo oculto).
Dada la estrecha ligazón entre situación social e inserción laboral, resulta pertinente evaluar las demandas sindicales a la luz de la conformación del mercado de trabajo. Los asalariados registrados en empresas privadas y los empleados públicos constituyen el 50% del total de ocupados. Otro 26% está conformado por asalariados no registrados y servicio doméstico. El restante 24% son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta. Estos datos muestran que los potenciales beneficiarios de las demandas apenas representan la mitad de los ocupados.
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