El interbloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados pidió realizar una sesión especial hoy para tratar en el recinto como tema principal el proyecto de reforma electoral para permitir la boleta electrónica en las elecciones nacionales del año próximo.
La sesión especial fue solicitada por el jefe del bloque radical, Mario Negri, y legisladores del oficialismo para que se inicie a las 11.
El eje central de la convocatoria tiene que ver con el proyecto de reforma política que además de promover el uso de la boleta electrónica también impulsa la paridad de género en la conformación de las listas electorales, es decir que se eleva el cupo femenino del 30 al 50 por ciento a partir de 2017.
En ese contexto, las diputadas nacionales Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Carla Pitiot y la referente del Frente Renovador Malena Galmarini, difundieron un comunicado conjunto en el que “expresaron la necesidad de avanzar en la aprobación de esta normativa” durante la sesión de hoy.
“Más mujeres en el Congreso mejoran y completan la agenda desde la perspectiva de género. Se exige a las mujeres llegar mostrando capacidades cuando esa no es una condición que se exija a los varones. Todos y todas deberían tener capacidades e integridad para la función””, resaltó Stolbizer en el texto.
También se contempla una modificación del sistema de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en donde el elector tendrá que elegir en la interna de qué partido quiere participar, al tiempo que no se elegirá fórmula completa de presidente y vice, sino que este último será elegido por el postulante a presidente que supere la elección preliminar.
El texto que será tratado hoy y que tiene dictamen favorable en la cámara baja sufrió sustanciales modificaciones respecto al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al parlamento, una de las más importantes respecto a la paridad de género.
En el orden del día de la sesión de hoy se establece el trámite para aceptar los cambios que en revisión le hizo el Senado al proyecto para ampliar la figura del “arrepentido” a casos de corrupción y delitos contra la administración pública.
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