El 91% de las mujeres encuestadas por un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la última marcha del #NiUnaMenos reconoció haber sufrido acoso callejero, mientras que el 70% dijo desconocer la ley de protección contra las violencias.
El estudio realizado arrojó que el 87% de las encuestadas no militaba en partidos u organizaciones y que el 16% se reconoció como víctima de violencias de género.
Entre este último grupo, el 24% manifestó no tener confianza en los organismos estatales, razón que llevó a estas mujeres a no radicar una denuncia.
Las respuestas concuerdan con los resultados que determinaron que menos de la tercera parte de las mujeres consultadas conoce la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en el año 2009 y reglamentada en el 2010.
Si bien un 25% de las mujeres sabe de su existencia, no conoce en qué consiste la norma, mientras que el 45% ni siquiera escuchó hablar de la ella.
“Vivas nos queremos”, “Que se acaben los femicidios”, “Que se cumpla la ley”, “Que la justicia responda”, “Que la sociedad se comprometa”, “Detener la violencia doméstica”, fueron las consignas con las cuales se identificaron las encuestadas.
Hubo un reconocimiento alto al abuso callejero, con un 91% de respuestas afirmativas, como también a la discriminación y subestimación por género en el trabajo, con un porcentaje afirmativo del 57%.
La pesquisa, por otra parte, aportó un reclamo casi unánime sobre “la parcialidad de la Justicia que favorece a los agresores”, a la que reclamaron “respuestas más veloces que rompan la teleraña burocrática”.
En lo que refiere a deudas pendientes y a áreas en donde debería focalizarse para trabajar la problemática de la violencia, más del 40% de las mujeres entiende que el tratamiento de la misma es fundamental en todos los niveles del sistema educativo.
Las encuestadas pidieron además profundizar el asesoramiento psicológico y jurídico, las licencias laborales, la asistencia inmediata y poner límites a la difusión de mensajes mediáticos que denigran o atentan contra la dignidad de la mujer. La mayoría de las encuestadas había participado de la primera marcha, a la que volvieron este año convocadas por las redes sociales, por compañeros de militancia, por los medios de comunicación y por invitación de amistades.
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