El Congreso de Venezuela aprobó un juicio político contra Maduro

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) de Venezuela aprobó ayer el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro bajo acusaciones de quebrar el orden constitucional, intensificando la crisis política en el convulsionado país petrolero.

Tras una discusión de dos días, el Congreso, de mayoría opositora, resolvió citar al presidente a comparecer el próximo martes 1 de noviembre ante el pleno como parte del procedimiento (que no está contemplado en la Constitución), detonado por el malestar que generó la postergación de un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en Brasil, donde hace dos meses la presidenta Dilma Rousseff fue destituida tras un juicio político, la medida del Congreso podría ser anulada por la Corte Suprema, que dictaminó en agosto que todas las decisiones del Congreso carecen de validez.

Buscando todos los resquicios legales para acortar el mandato de Maduro, la Asamblea además evaluará la figura de “abandono del cargo”, argumentando que el presidente traicionó los designios para los que fue elegido, como respetar la Constitución, la democracia y buscar el bien común. Esa figura contempla la convocatoria a elecciones.

En una acalorada sesión, el Parlamento acordó “iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República” y su comparecencia “a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución y los derechos humanos”.

Maduro desestimó la iniciativa, calificándola como un intento de generar zozobra coordinado desde EE UU. “Podrán ir a su rincón de amargura, pegar cuatro gritos y de allí no pasarán”, dijo en un acto con miles de seguidores. El mandatario dijo que activó al Consejo de Defensa de la Nación, un órgano encargado de proponer políticas de seguridad, para evaluar el “golpe parlamentario”. Para ello, convocó a los presidentes de todos los poderes públicos y también al presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso un referendo revocatorio contra Maduro apoyándose en sentencias de cortes regionales que, según juristas, no tienen potestad para prohibir un derecho constitucional. Con eso, enterró la posibilidad de que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017. Si se realiza después de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró la suspensión de la consulta como una violación a la Constitución y dijo que batallará en tres frentes para restituir el hilo democrático: en la Asamblea, en las calles con masivas manifestaciones y en el ámbito internacional. La oposición responsabiliza a Maduro por la aguda crisis que atraviesa el país, con la inflación más alta del mundo, recesión económica, constantes fallas en los servicios públicos y tenaz escasez de alimentos y medicamentos.