El gobierno venezolano debe dar un primer paso para abrir una instancia de diálogo

La instancia de diálogo abierta en la última semana en la convulsionada Venezuela que podría tomar cuerpo en una reunión que se anunció para este domingo, a la que asistirían el Gobierno y representantes de la alianza opositora MUD (Mesa de Unidad Democrática), corre, sin embargo, el riesgo de convertirse en otra frustración, dadas las desconfianzas y dudas cruzadas en las últimas horas entre ambas partes, de modo que la incertidumbre institucional podría acentuarse. Ello sin dejar de mencionar los graves incidentes callejeros que menudearon en estas jornadas.

Desde luego que el contexto político venezolano viene exhibiendo desde hace muchos años una verdadera fractura de la sociedad, signada por posturas que aparecen como irreconciliables con el agravante de episodios de violencia que han llevado al país al borde de una verdadera bancarrota democrática, lindante con la de un golpe de Estado que podría colocar a Venezuela en la anarquía o en un autoritarismo irremediable.

De allí que la alternativa conciliadora abierta por Francisco y expuesta ante los venezolanos por el representante especial del Papa permite confiar en que pueda detenerse la escalada de violencia que se vive en ese país, reactivándose de ese modo un proceso que permita superar la grieta política que divide a los venezolanos y poner en marcha mecanismos democráticos y republicanos, superadores de la actual crisis.

Sin embargo, residiendo –como es lógico inferirlo- la principal responsabilidad política de ese eventual acuerdo en el Gobierno venezolano, corresponde señalar que no se advierten en las acciones del presidente Nicolás Maduro los elementales y sinceros gestos de concordia necesarios para impulsar un proceso de normalización política.

Como bien se sabe -aun cuando siguen siendo muchos los sectores que guardan un obstinado e injusto silencio frente a estas dolorosas realidades- las fuerzas represoras y policiales de los gobiernos de Chávez y de Maduro detuvieron y encarcelaron en prisiones militares a dirigentes políticos de la oposición, remedando de este modo gestos autocráticos y despóticos que se creían superados en la región.

A su vez, en la hoy sufrida Venezuela, se registran allanamientos a toda hora en los domicilios de políticos opositores al chavismo, se encarcela a muchos dirigentes y se ordenan deportaciones de venezolanos o de personas de otras nacionalidades que, como los asambleístas ecuatorianos, recientemente realizaban una visita a Caracas para constatar la situación de los presos políticos en ese país.

En abril de este año el secretario general de la OEA dijo que “es absolutamente necesario, imprescindible, impostergable la liberación de los presos políticos” en Venezuela y le pidió al presidente Maduro que firmara la ley de Amnistía sancionada por el Parlamento de ese país, en lo que podría traducirse en la liberación de 76 disidentes. Por toda respuesta, el represente venezolano ante la OEA acusó al secretario general por usar al organismo “con fines proselitistas”.

Está claro que no será con actitudes intransigentes que pueda llegarse a un acercamiento entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. Un acercamiento que hoy resulta ser indispensable, para prevenir e impedir derivaciones que podrían llegar a ser excesivamente dolorosas. Pero, tal como se dijo, es el Gobierno el que debe dar el primer paso. Del gobierno de Venezuela depende en gran medida que la paz –como primera condición para su mejor desarrollo- reine en ese país.