Cristina antes de declarar: “Me quieren destruir como a Lula”

Los tribunales federales de Comodoro Py 2002 ya se preparan para la declaración indagatoria que deberá prestar mañana lunes la ex presidenta Cristina Fernández en la causa donde se le atribuye haber armado un plan para adjudicar obra pública al empresario Lázaro Báez.

Mientras, la ex mandataria, desde El Calafate (hoy llegaría a capital federal), sigue con su defensa y acusaciones a través de las redes sociales. Ayer citó partes de un artículo periodístico el que compara su situación judicial con la del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Cristina, en ese sentido, coincidió con el autor de la nota (que salió publicada en Página 12) y asegura que es una estrategia de “la derecha” para terminar con los liderazgos populares en la Argentina y Brasil. “Es de restauración conservadora, destruir también las imágenes de los líderes que han representado los proyectos antineoliberales”, escribió en uno de sus tuits.

Mientras, trascendió en base a la información que presentó la Corte Suprema el viernes, que la Justicia avanza con 60 causas por corrupción contra la ex presidenta y varios funcionarios de su gobierno y el de Néstor Kirchner.

La lista de los funcionarios más investigados, según publicó un matutino porteño, la encabeza el ex ministro de Planificación Julio De Vido con 18 causas. Y lo sigue el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (actualmente en prisión) con 17. Cristina es la siguiente con 8 causas.

LA CITA CON ERCOLINI

La ex presidenta está citada para mañana a las 10, para declarar ante el juez federal Julián Ercolini, tras dos duros dictámenes de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, que hacen un detallado análisis de la obra pública durante la gestión kirchnerista y los presuntos privilegios que habría tenido Báez para ser adjudicatario de los emprendimientos y después cobrarlos en tiempo récord, en relación a otros contratistas.

Será la primera vez que Fernández debe presentarse a declarar en una causa por corrupción. El 13 de abril pasado, acompañada por una gigantesca movilización, había protagonizado su primera indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de dólar futuro.

Es una incógnita cuantas personas la acompañarán en esta nueva declaración, aunque se cree que los más fervientes kirchneristas harán una manifestación de respaldo.

Por lo pronto, ya hubo pedido de medidas de seguridad. Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, remitió, en ese sentido, escritos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, y al jefe de la División Seguridad de los tribunales, el comisario Daniel Acosta.

A Bullrich se le solicitó que incremente las medidas de seguridad en las afueras del edificio “en cumplimiento de las normas vigentes y bajo el estricto respeto de los derechos humanos”. A Roncaglia se lo notifica de la decisión, mientras que al encargado de la seguridad interna se lo instruye a “arbitrar las medidas necesarias para incrementar las medidas de seguridad del edificio, en aras de proteger la normal prestación de servicios durante las diligencias procesales informadas”.