El empresario kirchnerista preso hace cinco meses, Lázaro Báez, insistió ante la Justicia en lo Penal Económico para que le permitan acogerse a la moratoria que lanzó el Gobierno y a su vez, que el juez Sebastián Casanello que lo investiga por lavado de dinero suspensa el embargo de $800 millones para pagar “las cuotas que la Afip determine” como parte de un plan de pagos, en caso de habilitarlo.
En un nuevo escrito presentado por Gonzalo Díaz Cantón defensor de Lázaro Báez en la causa que investiga el juez Ezequiel Berón de Astrada por la presunta evasión previsional de $ 33 millones correspondiente a una docena de empresas del Grupo Austral, se solicitó que la Afip primero informe el estado de cuenta y deuda de cada empresa señalada de retener indebidamente los aportes de la seguridad social de los trabajadores, y en segunda instancia que se le habilite a acceder al régimen de moratoria votada hace meses por el Congreso.
La causa es compleja y contar con toda la documentación de las empresas aún más.
Báez no logra comunicarse con sus contadores y responsables de diversas firmas investigadas, algo que señaló en la indagatoria que le tomaron el 16 de septiembre: “Han abandonado el barco”, explicó el empresario K para describir la soledad en la que se encuentra.
El dueño de Austral llegó a emplear a 5.000 trabajadores durante el kirchnerismo y manejó $ 33.800 millones en contratos viales que en un 50 % dejó inconclusos.
Las empresas investigadas por la posible evasión previsionales son: Epsur (la petrolera investigada por lavado de activos), Austral, Badial, Loscalzo y Del Curto, Kank & Costilla, Austral Agro, Valle Mitre, Alucom Austral, Constructora Patagónica, Diagonal Sur y Consultora Magna, entre otras.
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