La suspensión del partido que deben disputar Gimnasia y Racing por la Copa Argentina revela, una vez más, la impotencia del Estado para controlar la amenaza de los barrabravas.
Existe una fractura en la barra de Racing que ya derivó, el fin de semana pasado, en enfrentamientos a tiros. El diagnóstico es que esa situación se podría repetir. Y ante esa posibilidad, lo que se ha hecho es suspender el partido.
La medida implica, lisa y llanamente, una exhibición de impotencia del Estado; en particular de la Policía bonaerense. ¿Alguien cree que de esta forma se combate y se resuelve el grave problema de los barrabravas? Por el contrario, los barras parecen imponer sus propios códigos. Y, como siempre, pierden el deporte y la inmensa cantidad de aficionados que sólo pretenden disfrutar de un partido de fútbol.
Esta vez, el partido estaba programado en Mar del Plata. Parece un dato accesorio, pero no debe dejar de mencionarse que muchos simpatizantes habían programado con anticipación el viaje a esa ciudad, aprovechando que el lunes será feriado y el partido se iba a jugar, entonces, en un fin de semana largo. Por el riesgo de violencia barrabrava, el programa quedó abortado.
Hace año que el fútbol convive con este flagelo. Todas las variantes que se han probado hasta ahora (muchas definitivamente absurdas) sólo han servido para desvirtuar el atractivo del fútbol y perjudicar a los hinchas, sin disminuir en nada la influencia de organizaciones delictivas que funcionan al amparo de este deporte. En esa lista se inscriben, por ejemplo, la prohibición de las hinchadas visitantes; las sanciones económicas a los clubes y, por supuesto, la suspensión de fechas programadas.
No debería ser necesario remarcar que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden y la paz, tanto en el fútbol como en cualquier otra actividad o espacio público. No se puede declarar impotente y creer que el camino es suprimir o suspender aquello que no se puede controlar.
Si este criterio se llevara al extremo (o, simplemente, se trasladara a otras actividades y otros ámbitos) deberían suspenderse las salidas en bicicleta porque no se puede frenar la ola de asaltos que sufren los ciclistas; o se debería ordenar el cierre de comercios, para atenuar los riesgos de robos en esos establecimientos. Suena absurdo y, por supuesto, lo es. Pero, en definitiva, serían medidas “coherentes” con el criterio que acaba de aplicarse para suspender el partido entre Gimnasia y Racing.
El desafío (y la obligación) del Estado es investigar a esos grupos delictivos; desarticularlos; someterlos a la Justicia y alejarlos de los estadios de fútbol. Una vez más: la salida no puede ser suspender el fútbol para que no tengan “ocasión” de desplegar su barbarie y su violencia. Es, además, un razonamiento ingenuo. Porque la violencia, en todo caso, encontrará su cauce. Y si no es en el partido del domingo será en cualquier otro contexto.
Desde hace muchos años, lo que se necesita es una política seria, consistente y razonable para combatir a las organizaciones mafiosas que manejan las barras bravas. En este objetivo se debe trabajar. Mientras tanto, ninguna declaración de impotencia estatal aporta parches ni soluciones.
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