Casi de milagro, a algunos se les ha prendido la lamparita y del arcón de los recuerdos comenzaron a desempolvar el bello sueño de dotar a los municipios bonaerenses de una plena autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. Claro, como de la nada, nada viene, fue preciso que generaciones de abogados y profesores de la especialidad insistiéramos en la importancia de plasmarla, tanto en la letra constitucional, en el espíritu cívico de la gente, como en la vida material y concreta de todos.
De momento la idea no es mucho más que una ilusión convocante, pero puesta a andar es otra cosa. La idea del municipio autónomo implica la institucionalización de unas reglas más sanas de articulación entre la gente y la política, entre la ciudadanía y los políticos, para que las personas comunes sean los verdaderos artífices del rumbo, destino y políticas del municipio. Y eso es realmente otra cosa…
Los argumentos a favor de contar con municipios autónomos en la Provincia de Buenos Aires y no con meros resortes administrativos de su gobierno central, son felizmente muchos y de alta valía. Pero bien pueden resumirse en la posibilidad de que todos y cada uno de los ciudadanos bonaerenses le den a sus propias ciudades y pueblos, la forma, alcance y contenido que mejor se ajuste a las necesidades que los vecinos entiendan pertinentes. Es que apostar al municipio autónomo implica, que así como cada quien se hace cargo de su vida privada; de la misma manera la ciudadanía haga lo propio respecto del buen funcionamiento de la vida pública de su terruño.
Eso sí, la solución no sólo debe ser jurídica, sino que también tiene que contemplar los intrincados pliegues de la política: pero de la política entendida como realpolitik, como actividad de quienes necesitan del poder como del aire para vivir, ya que si a la fecha el autonomismo municipal no existe en provincias importantes como Mendoza y Buenos Aires, y en otras no logra salir de la pomposa letra de los textos constitucionales, eso nos habla a las claras de una institución que no termina de instalarse en la vida cívica de los argentinos. Entendemos que las causas de dicha insuficiencia institucional son dos. La primera causa pasa por la ausencia o al menos por la insuficiencia de un verdadero poder ciudadano que empuje a favor de la autonomía municipal, ya que nos parece que falta una masa crítica de personas que defiendan sus derechos y cumplan con sus deberes para con la sociedad civil que integran.
La segunda causa, pasa enteramente por una cuestión técnica, que es la inviabilidad de de los diseños normativos de los municipios autónomos que se han venido desarrollando, ya que se los realiza al margen de la lógica del poder a la que aludíamos más arriba. Ergo, más allá de la belleza y perfección jurídica con que se los pudieran esbozar, en tanto esos diseños desconozcan las realidades y miserias del poder político, podrán tener el ingenio que le impriman sus creadores, pero esos institutos soñados, esas sublimes piezas de poesía jurídica, si no contemplan los intereses políticos en juego serán como la nada misma.
Apostar al municipio autónomo es darles a los ciudadanos el poder de moldear la vida pública de su terruño
Dicha situación, en definitiva, nos permite diferenciar a los abogados de los juristas, ya que desde luego, cualquiera de los primeros podrá con mejor o peor pluma esbozar en cuatro o cinco artículos los componentes esenciales y accesorios de un municipio autónomo. Pero sólo los juristas tienen la capacidad de entender las condiciones de su factibilidad, vale decir, de su efectiva viabilidad formal y material que, en este tema, pasa en lo sustancial por fracturar el poder de aquellos municipios que por su alta densidad de población o por su muy holgada situación económica-financiera, en un hipotético escenario autonómico se volverían absolutamente inmanejables para los gobernadores de turno.
Entonces, tal como hemos escrito y reiterado en demasiadas charlas y publicaciones, lo que hay que hacer para que existan municipios autónomos es bregar en las Legislaturas Provinciales en pos de una racional partición de los más grandes y poderosos municipios existentes (y algo de esto ya está ocurriendo cuando se piensa sondear la opinión pública de los ciudadanos de La Matanza, para ver si estarían de acuerdo o no en dividir su municipio en cuatro nuevos).
Indudablemente un buen criterio de partición municipal tiene que venir de la mano de una legislación que establezca una o varias causales objetivas: como la densidad de población, cantidad y distribución de hospitales públicos, escuelas y comisarías, etcétera. O bien establecer, lisa y llanamente, la obligatoriedad de proceder a la partición municipal una vez alcanzada determinada cantidad de habitantes, para así preservar y favorecer la inmediatez necesaria entre los votantes y sus gobernantes.
Igualmente, todo esto no será suficiente si no se cuenta con la muñeca política y los votos necesarios para que esos altos diseños institucionales puedan ser efectivamente plasmados.
¿Y por qué en un artículo con un cariz fuertemente jurídico proponemos mayores diálogos del Derecho con la Política? Pues, por la sencilla razón de que serán los políticos, quienes en virtud de la primacía de sus particulares miradas, intereses y hasta temores, se prestarán o negarán a mejorar la vida institucional según ello se ajuste o no a sus propias necesidades políticas.
Desde ya, podemos golpearnos el pecho y levantar el dedo índice para señalar lo abominable de una cultura del poder que ahoga el carácter federal de nuestra Carta Magna y arrojar diatribas e insultos contra los opresores de ocasión. Es que resulta muy agradable trabajar de paladín de la justicia, la república y libertad, hablando de los males que aquejan a la patria desde el cómodo lugar del catedrático.
Pero elegimos dejar los grandes discursos, los ágapes, congresos y jornadas, para profundizar nuestros encuentros con los sectores más politizados de la sociedad, quienes a la corta o a la larga serán quienes basados en sus muchos o pocos conocimientos culminarán tomando las decisiones que nos atañen a todos.
(*) Abogado
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