Se sabe que el problema de los remises truchos no es novedoso en nuestra ciudad, ya que ocurre desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que ciertamente debe preocupar es que se va agudizando año tras año, dado que recientes sondeos aluden a un enorme crecimiento del transporte ilegal de pasajeros. Así, a fines de 2014 las estimaciones más moderadas hablaban de 1000 remises circulando en condiciones irregulares, sin las autorizaciones debidas y, ahora, desde uno de los sindicatos de taxistas de la Ciudad, se denunció que habría más de 5.000 remises truchos, requiriéndose que se extremen las fiscalizaciones oficiales.
Lo cierto es que, desde la Municipalidad, no se desmintieron tales datos y se informó que se estudia un aumento de las multas vigentes, en el contexto de un paquete de medidas contra el transporte ilegal.
Tal como se informó, el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata presentó una nota ante la subsecretaría de Control Ciudadano municipal, en la que, según dicen, se plantea la acuciante situación que atraviesa el transporte en la Ciudad, fundamentalmente los taxis. Se expresa que, a partir de la creciente ilegalidad que caracteriza ahora al transporte de pasajeros, los taxis cada vez trabajan menos, en desigual competencia contra las unidades que carecen de toda autorización para ejercer la actividad.
Los taxistas reclamaron que se haga respetar la ordenanza vigente y se multe a los remises truchos. Según se pudo saber, en otros distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, las multas por el transporte ilegal rondan los 70.000 pesos.
Está claro que los taxis no están en condiciones de competir con los remises truchos, que desarrollan su actividad sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar el servicio de transporte de pasajeros. Al margen de las consideraciones de índole socioeconómica que suelen invocarse para explicar este verdadero auge de la informalidad, es evidente que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor y con el espíritu de equidad requerible.
Frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.
La situación también plantea, como se ha dicho, un crítico cuadro de competencia desleal, porque el transporte ilegal, al no cumplir con los seguros obligatorios y otros requisitos, deja en desventaja al legalmente habilitado.
En este sentido, también, es fundamental que el municipio ajuste los mecanismos de contralor. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de los remises, es de naturaleza pública.
SUSCRIBITE a esta promo especial