Se posterga el juicio político contra Maduro

Un día después de que gobierno y opositores concluyeran un primer intento de diálogo, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió postergar el debate sobre el juicio político al presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional.

El diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora, dijo que la decisión se tomó en parte por las gestiones del enviado del Vaticano, monseñor Claudio María Celli, y su pedido de aminorar la crisis política en el país. "En función de dar esa oportunidad que ha pedido El Vaticano, queremos diferir apenas por unos días la agenda de hoy”.

Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron la semana pasada enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueó un proceso de recolección de firmas para activar un referendo para separar del cargo al gobernante.

Como un primer gesto para continuar las conversaciones auspiciadas por el Vaticano y expresidentes, el gobierno ordenó la liberación de cuatro de los más de un centenar de detenidos, que algunos consideran "presos políticos". Entre los liberados se encuentra el dirigente del partido opositor Avanzada Progresista, Carlos Melo, quien fue acusado de poseer explosivos y pese a ser favorecido por una medida de libertad condicional permanecía bajo arresto.

Borges manifestó que la oposición presentará pronto una serie de exigencias para continuar las negociaciones, entre ellas están la liberación de los presos políticos, la posibilidad de que el congreso recupere las facultades limitadas por el tribunal Supremo y la revisión del cronograma electoral del país de manera completa.

Por último, señaló que pedirán que se adelanten las elecciones presidenciales dado que "el gobierno mató el referendo" y se necesita una alternativa con el diálogo. "En caso contrario, no pondremos de pie de esa mesa de negociación y seguiremos en la lucha para dar la pelea por la libertad de nuestro país".

El juicio político contra Maduro es meramente simbólico, ya que la instancia legislativa carece de facultad para destituir al presidente, de acuerdo con la constitución. La decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado contra el mandatario y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.