La legisladora porteña Graciela Ocaña afirmó hoy que en el marco de la denuncia que hizo por sobreprecios en el "Plan Qunita" del kirchnerismo compró "todos los productos del kit" para recién nacidos en el barrio porteño de Once y reveló que le costó "4.200 pesos, eso mismo que el Estado había pagado 7.900, es decir, la mitad".
Luego de que el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa por irregularidades en el plan, por lo que irán al banquillo, entre otros, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, Ocaña consideró que "está bastante probada la maniobra ilícita y los sobreprecios".
La legisladora, quien presentó la denuncia penal por sobreprecios y por la falta de antecedentes de las empresas adjudicatarias en el programa oficial, señaló que "se ha podido demostrar la baja calidad de los productos que se compraron y los sobreprecios que se pagaron", a la vez que aseguró que "están probadas las comunicaciones entre el Ministerio de Salud y los proveedores".
"Compramos todos los productos en Once, en comercios minoristas, y le entregamos al juez el kit y las facturas y le mostramos que cualquier persona podía comprar eso mismo que el Estado había pagado 7.900 pesos en 4.200 pesos", cuestionó la ex titular de la cartera de Salud durante el kirchnerismo (2007-2009).
Al respecto, agregó: "Es decir, la mitad comprando un kit, comprando 130 mil kits seguramente los precios iban a ser menores, por lo tanto estaba muy claro y configurada la defraudación al Estado por el pago de los sobreprecios".
En declaraciones a radio Continental, puntualizó que los proveedores del Plan Qunita "fueron seis empresas que se pusieron de acuerdo y que compraron el material en el mismo lugar antes de ser adjudicatarias, y lo raro es que estas empresas no tenían por objeto social lo que estaban vendiendo".
Ocaña reprochó "la indecencia del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que cuando hicimos la denuncia dijo que estaba todo perfecto, que lo había chequeado y que no había nada raro".
La ex titular del PAMI indicó que "se compraron y se pagaron 128 mil kits y se entregaron 40 mil, antes que el Ministerio de Salud interrumpiera el programa" y resaltó que "esto nos costó a todos los argentinos, por sobreprecios, 600 millones de pesos".
"Todos podemos valorar la política para reducir la muerte de los niños por aplastamiento cuando duermen con sus padres, por no tener espacio y la entrega de un kit para que la madre tenga lo necesario para los primeros tiempos, pero montaron un negociado alrededor de esto", juzgó.
En cuanto a la calidad del kit, sostuvo que pidió que "al juez que requiriera al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) porque antes del proceso adjudicatario, las cunas habían sido señaladas por el propio INTI por falta de seguridad, por los barrotes y porque cuando el bebé llegaba a un peso de 6 kilos y medio, la cuna ya no lo podía soportar, por lo tanto recomendaban no comprar esto".
En este sentido, sentenció que el kirchnerismo compró las cunas "sin importarles la seguridad de los niños", mientras que reveló que los kits que no se entregaron "están en depósitos de distintos hospitales" porque tanto las cuna como las bolsas de dormir "son peligrosas para los bebés".
Ayer, la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, informó que el juez Bonadío decidió elevar el expediente a juicio por entender que la tramitación de la causa en la instancia de pruebas está cerrada.
En la investigación hay 18 procesados, mientras que quedó firme el sobreseimiento del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur.
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