Pocos bienes públicos resultan ser tan valiosos como los edificios escolares, no por los bienes patrimoniales que puedan incluir, sino por la elevada significación educativa y social que ellos implican para la población. De allí la imperiosa necesidad de que el Estado se ocupe de mantenerlos vigilados, a resguardo de los ataques vandálicos que, lamentablemente, reciben con mucha frecuencia.
Tales consideraciones -formuladas en esta columna en cada una de las oportunidades en que alguna escuela de la Región sufrió destrozos o fue víctima de robos y saqueos irracionales- cobran ahora una mayor magnitud ante el voraz incendio que en las últimas horas arrasó por lo menos con el 60 por ciento de las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 15 de City Bell, obligando a las autoridades del establecimiento a suspender las clases por tiempo indeterminado.
Según se detalló, el fuego se originó durante la madrugada del miércoles y se propagó hasta afectar al menos a cinco aulas, a los pasillos, la sala de la secretaría y el laboratorio, entre otros sectores que quedaron gravemente afectados.
Según trascendió, tras advertir lo ocurrido, vecinos del barrio dieron aviso a policías y bomberos, que se presentaron en el lugar y controlaron la situación a pesar de que más de la mitad del establecimiento ya había quedado a merced de las llamas.
Si bien serán los peritajes correspondientes las que determinen en dónde y por cuál motivo se originaron las llamas, las primeras pesquisas no descartaban que se hubiera tratado de un incendio causado en forma intencional, en una hipótesis que llenaba de indignación y angustia a la comunidad educativa.
Se sabe que las numerosas comunidades educativas que en estos años se vieron agredidas por estos episodios han agotado diversas alternativas en busca de evitarlos, desde fortalecer el vínculo con la comunidad para la defensa de las escuelas y de su patrimonio hasta proponer que se reinstaure el sistema de presencia permanente de custodios, que habiten la casa de los auxiliares.
Es verdad que también se aplicaron desde el área educativa algunas medidas de tipo preventivo, como la colocación de rejas perimetrales o se ha gestionado una más constante vigilancia policial.
Sin embargo, los ataques se reproducen con llamativa frecuencia. Por otra parte, cabe recordar que muchos de los establecimientos que han sido víctimas de este tipo de hechos son, además, modestas escuelas de barrios muy humildes.
Es evidente que en la mayoría de los episodios registrados, el problema adquiere connotaciones y una dimensión más preocupante, que seguramente incluye aspectos relacionados a cuestiones educativas, sociales y culturales que debieran ponderarse.
Pero lo que urge es que el Estado extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.
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