México comienza a contemplar seriamente la posibilidad de que millones de sus inmigrantes puedan ser deportados, y el panorama no es alentador. Bajo las propuestas presentadas por el presidente electo Donald Trump, México podría recibir de regreso a millones de personas sin empleos disponibles para ellas; el país podría perder unos cuantos miles de millones de dólares de las remesas que envían a sus hogares cada año; y algunos de los deportados desempleados podrían engrosar las filas de los cárteles del narcotráfico, lo que generaría mayor violencia.
El gobernador del estado sureño de Guerrero, Héctor Astudillo, sopesó ese escenario el fin de semana pasado. Al menos un millón de oriundos de Guerrero viven en EE UU, muchos de ellos sin la documentación requerida, y el estado ya está bajo el asedio de la violencia del narcotráfico y la pobreza. “Por supuesto, Guerrero no está en condiciones para recibir al millón o más de un millón de inmigrantes que hay” en EE UU, reconoció Astudillo. “Creo que al contrario, ellos han sido un sustento importante para mantener la economía de Guerrero”.
Los inmigrantes enviaron a México casi 25.000 millones de dólares en remesas en 2015, y los expertos afirman que la mayoría de ellas fueron para cubrir las necesidades más básicas de los mexicanos más pobres. Trump ha dejado entrever que de alguna manera incautaría los fondos de aquellos inmigrantes que no sean deportados para pagar por un muro fronterizo que desea construir. México no puede cubrir 800.000 nuevos empleos para los jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral, mucho menos los de los inmigrantes que regresan, señaló Alejandra Barrales, presidenta del izquierdista Partido de la Revolución Democrática. “Creemos que es con la iniciativa privada con quien tenemos que cerrar filas y buscar alternativas, no solamente para recibir a los posibles deportados. Necesitamos generar alternativas para que los 1,2 millones de jóvenes que cada año se suman al mercado laboral tengan alternativas en nuestro país”, sostuvo.
El gobierno federal anunció esta semana un programa de emergencia con el objetivo de alentar a las empresas a que contraten a los inmigrantes que regresan, pero Armando Osorio, un maestro de la Ciudad de México, pone en duda que eso sea suficiente, dados los pobres antecedentes del gobierno en la creación de empleos. “Esta gente no tiene autoridad moral para decir que ahora a los connacionales los recibe con los brazos abiertos”, indicó. “Son ellos los responsables de la expulsión por hambre de millones de mexicanos”.
Incluso si aparentemente Trump parece alejarse de la idea de una deportación masiva, la posibilidad sigue siendo atemorizante para el pueblo mexicano. El magnate dijo el domingo en una entrevista en el programa “60 Minutos” de la cadena CBS que “lo que vamos a hacer es atrapar a los criminales y a aquellos que tengan antecedentes penales, a los miembros de pandillas, a los narcotraficantes, a muchas de esas personas -entre dos o tres millones- y los sacaremos de nuestro país”.
En 2012, el gobierno estadounidense calculó que aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes eran criminales y podían ser sujetos a deportación. El Instituto de Políticas Migratorias, un grupo de expertos en Washington, estimó que unos 820.000 de ellos están sin permiso en EE UU.
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